POLÍTICA EXPRÉS | * El Estado subestima el narco terrorismo y acelera el deterioro de la seguridad nacional
El avance del narco terrorismo en México evidencia un fracaso estructural del Estado para diagnosticar su propia crisis. La amenaza ya no es solo criminal, sino política y territorial, y el gobierno sigue apostando por cálculos erróneos y evaluaciones incompletas que reducen la complejidad a simples narrativas de control que no existen.
Mientras Colombia redujo 90% de sus ataques terroristas mediante triangulación —inteligencia, justicia y prevención social— México persiste en un militarismo reactivo que fragmenta a los cárteles y amplifica la violencia. La administración de Sheinbaum no rompe con la inercia: endurece operativos, pero evita la reforma institucional y la transparencia indispensable.
Los bombazos recientes en Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas confirman una escalada táctica que México no había enfrentado en décadas. La importación de métodos colombianos por parte del crimen organizado debería encender alarmas nacionales. En lugar de ello, el gobierno opta por minimizar riesgos y priorizar discursos, debilitando su credibilidad pública.
Colombia enfrenta ataques más letales, pero responde con inteligencia compartida, operativos precisos y diálogos focalizados. México, por el contrario, administra crisis sin anticiparlas. La ausencia de un sistema real de inteligencia y la desarticulación de unidades clave desde 2022 dejan al país expuesto a redes criminales más sofisticadas y móviles.
La corrupción institucional profundiza el problema. Casos como García Luna o las redes municipales infiltradas por cárteles revelan un Estado permeado desde dentro. Sin depurar mandos, auditar corporaciones y reconstruir capacidades civiles de seguridad, ninguna estrategia de fuerza funcionará. México ignora esta premisa básica y paga el costo en vidas.
El gobierno también falla en entender la dimensión social y económica del fenómeno. Los cárteles reclutan jóvenes, controlan mercados y capturan territorios con impunidad. Sin prevención, justicia efectiva ni alternativas económicas, cualquier captura se convierte en un estímulo para la fragmentación criminal, multiplicando grupos, rutas y niveles de violencia.
La opacidad de datos agrava la desconfianza. Decomisos fabricados, cifras manipuladas y homicidios reclasificados impiden leer la realidad y actuar con evidencia. México necesita auditorías independientes y métricas verificables, pero prefiere proteger narrativas políticas. Esa desconexión alimenta un vacío informativo en el que prosperan el miedo y la desinformación.
La presión externa complica aún más la ecuación. Trump exige resultados inmediatos y amenaza con aranceles, empujando a México hacia una estrategia más punitiva y menos inteligente. En lugar de fortalecer cooperación técnica y sistemas compartidos de inteligencia, el país se atrinchera en una defensa nacionalista improductiva.
Expertos como Óscar Naranjo advierten que las estrategias duras son insostenibles sin valores democráticos, controles civiles y transparencia. Colombia lo aprendió tras décadas sangrientas. México parece ignorar esa lección, normalizando un nivel de violencia que, si continúa, podría asemejarse al deterioro institucional observado en Haití.
México aún puede corregir: inteligencia real con Estados Unidos, prevención social enfocada en hotspots, depuración policial y diálogos estratégicos donde sea viable. Pero el tiempo se agota. Si el gobierno sigue fallando en evaluar la gravedad del narco terrorismo, la violencia no solo continuará: se convertirá en un estado permanente.
