Informe de Educa revela 32 asesinatos y 166 conflictos territoriales en #Oaxaca bajo el gobierno de Salomón Jara
El informe “Oaxaca entre la criminalización, la violencia y la defensa comunitaria”, elaborado por Servicios para una Educación Alternativa (Educa), reveló cifras alarmantes sobre la situación de derechos humanos en el gobierno de Salomón Jara Cruz. En dos años u nueve meses se han registrado 32 asesinatos de personas defensoras y 44 agresiones individuales.
De acuerdo con Educa, además de las agresiones personales, se contabilizaron 70 ataques contra comunidades, colectivos y organizaciones sociales. El documento fue presentado en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y forma parte de la campaña permanente Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca.
Las cifras muestran que el 86% de las víctimas pertenecen a pueblos indígenas. El desglose étnico señala que los zapotecos representan el 35.1%, los ayuuk-mixe 17.6%, los triquis 11.4%, los mixtecos y mazatecos 7% cada uno, mientras que el 8% corresponde a otros pueblos. Para Educa, la violencia tiene un claro sesgo étnico.
En el programa de análisis Bloque Negro, Neftalí Reyes Méndez, coordinador de Derechos Territoriales de Educa, señaló que con la llamada 4T aumentó la criminalización contra defensores. Denunció que en Oaxaca se observan “penas ejemplares” y procesos judiciales desproporcionados que buscan desalentar la resistencia comunitaria frente a megaproyectos e intereses privados.
El informe documenta 166 hechos conflictivos en el estado, lo que equivale a más de un evento por semana. Los principales focos son los conflictos agrarios (44 casos), la imposición del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (42 casos) y la operación ilegal de proyectos mineros en Valles Centrales y Sierra Norte.
Educa también denunció que el mayor agresor señalado son las autoridades estatales (24.6%), seguidas de poderes fácticos (22.8%) y autoridades federales (21.1%). El uso de grupos de choque reapareció en Oaxaca, actuando contra comunidades indígenas, mujeres y migrantes en marchas y bloqueos, generando violencia en el espacio público.
Reyes Méndez advirtió que el Istmo de Tehuantepec concentra el 50% de las agresiones y la conflictividad documentada. Educa advierte que Oaxaca podría convertirse en “prueba piloto” de una política de criminalización y militarización para imponer megaproyectos, donde intereses empresariales, autoridades y crimen organizado se entrelazan para el control territorial.
