Siguen los negocios: gobierno de Jara asigna un contrato por casi $50 millones a operador político de Morena para transportar basura a Totolápam
El gobierno de Salomón Jara Cruz otorgó un nuevo contrato por 49 millones 969 mil pesos para el traslado de residuos sólidos urbanos —de Oaxaca capital a Totolápam— a la empresa Servicios de Transporte Bongaru, S.A. de C.V., cuyo administrador único es Jefte Méndez Hernández, exdiputado local del extinto Partido Nueva Alianza y actual operador político de Morena. El hecho es observado como un nuevo caso de corrupción y tráfico de influencias en la administración estatal.
La adjudicación se concretó mediante la Licitación Pública Nacional LPN-SA-00-0023-06/2025, promovida por el Organismo Operador Encargado de la Gestión de Residuos Sólidos del Estado. El servicio contratado contempla el traslado de desechos desde Santa Cruz Xoxocotlán hasta una celda de emergencia en San Pedro Totolápam, en medio de una crisis ambiental por el cierre del basurero de Zaachila y el mal manejo de residuos en la zona metropolitana de Oaxaca.
De acuerdo con el portal Punto y Parte, en la sesión de apertura de propuestas, celebrada en la Secretaría de Administración, la empresa de Méndez Hernández fue la única participante. El proceso se llevó a cabo en menos de 20 minutos y fue avalado por funcionarios de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, sin cuestionamientos ni observaciones. La ausencia de competencia ha despertado sospechas de acuerdo previo y críticas sobre la legalidad y legitimidad del contrato.
Lo que más ha generado indignación no es solo el monto millonario, sino el perfil del beneficiario. Méndez Hernández fundó su empresa apenas en 2023, no cuenta con antecedentes en este tipo de servicios y su cercanía con el poder lo colocó en la lista de operadores políticos de Morena. Este sería el primer contrato público y multimillonario que recibe su compañía, lo cual levanta sospechas sobre un posible uso faccioso de los recursos públicos.
Este caso se suma a una serie de patrones recurrentes en el gobierno de Salomón Jara, donde personajes vinculados a Morena han sido beneficiados con contratos, plazas o cargos, en una estructura que reproduce las viejas prácticas del clientelismo, ahora bajo el discurso de una existente “transformación”.
Mientras tanto, la ciudadanía enfrenta problemas ambientales graves, una crisis persistente en el manejo de basura y una notoria falta de infraestructura para el tratamiento de residuos. En contraste, el gobierno de Jara opta por desviar recursos públicos hacia empresas sin experiencia, controladas por operadores políticos, en un contexto cada vez más cuestionado por su opacidad y favoritismo.
