Saymi Pineda lo vuelve a hacer esta Guelaguetza 2025: sobreprecios y favoritismo en contratos para elaboración de alebrijes monumentales
La Guelaguetza 2025, lejos de ser únicamente una celebración cultural, se ha convertido en un nuevo capítulo de opacidad, corrupción y dispendio a costa del erario público. Bajo la gestión de la Secretaría de Turismo, encabezada por Saymi Pineda Velasco, y con el aparente beneplácito del gobernador Salomón Jara Cruz, se perpetúa un esquema que beneficia a un selecto grupo de empresarios cercanos al poder.
La Secretaría de Honestidad y Transparencia, que debería actuar como garante de la legalidad, se limita a un rol ornamental, incapaz de frenar las prácticas que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones oaxaqueñas.
El caso más reciente de este entramado es la adjudicación directa del contrato IAE-SA-ST-0012-06/2025 a Suministros Comerciales Pantoja, por un monto de 2 millones 215 mil 600 pesos.
Este contrato, destinado a la creación de cinco alebrijes monumentales —un jaguar, un coyote, un toro, un chapulín y un nahual, cada uno de más de cuatro metros—, no solo evidencia un proceso sin competencia real, sino que también pone en entredicho la razonabilidad de los costos.
La asignación directa, sin licitación pública ni justificación clara, refuerza la percepción de un sistema diseñado para favorecer a unos pocos.
El costo de cada alebrije, que asciende a 443 mil 120 pesos, resulta desproporcionado frente a los estándares del mercado. Según estimaciones de talleres locales, citados por medios oaxaqueños, una pieza de estas características debería costar entre 50 mil y 70 mil pesos, lo que implica un sobreprecio de entre seis y nueve veces el valor real.
Esta diferencia no solo sugiere una gestión ineficiente, sino que apunta a un posible desvío de recursos públicos hacia intereses privados, en un contexto donde la transparencia brilla por su ausencia.
Para dimensionar el impacto de este gasto, basta comparar: con 443 mil pesos, un ciudadano podría adquirir un automóvil nuevo, como un Mazda 3, un Suzuki Swift Sport o un Kia K3, según plataformas como Reddit y Kavak. Incluso sería posible optar por modelos seminuevos de marcas como Hyundai, Ram o Chevrolet, o incluso un vehículo de lujo como un Range Rover Sport.
Este contraste pone en evidencia la magnitud del dispendio en un estado donde las necesidades sociales, como la reconstrucción tras desastres naturales, son apremiantes.
La empresa beneficiada, Suministros Comerciales Pantoja, no es ajena a estas prácticas. En 2023 y 2024, acumuló contratos millonarios no solo por alebrijes, sino también por souvenirs y servicios asociados a la Guelaguetza, siempre bajo el mismo patrón: adjudicaciones directas o licitaciones de dudosa competitividad.
Este favoritismo recurrente, sin una supervisión efectiva, delata una red de complicidades que opera con impunidad, aprovechándose de la laxitud de las autoridades encargadas de velar por el uso responsable del presupuesto público.
El esquema de “invitación abierta” que debería garantizar equidad en los procesos de contratación se ha convertido en una mera fachada legal. La ausencia de mecanismos robustos de rendición de cuentas y la inacción de la Secretaría de Honestidad, que parece más una figura decorativa que un organismo funcional, permiten que este modus operandi persista.
Mientras tanto, detalles como la “antena rota del chapulín” durante la presentación de los alebrijes se convierten en una metáfora irónica de una festividad que, tras su fachada colorida, oculta un derroche injustificable.
En un contexto de crisis, con Oaxaca aún enfrentando las secuelas del huracán Erick, los recursos destinados a estos alebrijes monumentales podrían haber financiado cientos de techos para familias afectadas o proyectos de mayor impacto social.
La Guelaguetza 2025, en lugar de ser un símbolo de unidad cultural, se erige como un recordatorio de las prioridades distorsionadas de un gobierno que, lejos de atender las necesidades de su pueblo, perpetúa un ciclo de opacidad y favoritismo.
