Salomón Jara insiste en destruir Punta Colorada para imponer desarrollo turístico, pese a suspensión judicial definitiva vigente
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, insiste en imponer un proyecto inmobiliario en la reserva ecológica de Punta Colorada, Puerto Escondido, pese a que el Poder Judicial de la Federación otorgó una suspensión definitiva para proteger esta área natural. Con apoyo del sector privado, el mandatario busca concretar un desarrollo turístico en un ecosistema reconocido por su riqueza ambiental.
Como parte de esa estrategia, Jara solicitó al ayuntamiento de San Pedro Mixtepec la condonación del impuesto predial correspondiente al predio protegido. Esta medida permitiría avanzar en la división y lotificación del terreno, lo que implicaría una amenaza directa a especies como la iguana verde, la iguana negra, el lagarto, el mangle blanco y tortugas en peligro como la golfina y la prieta.
La población local ha reaccionado con firmeza. El pasado 8 de julio, más de 200 personas y el colectivo Salvemos Colorada protestaron frente al Palacio Municipal de San Pedro Mixtepec, exigiendo transparencia en el proceso de condonación y rechazando la intención del gobierno estatal de facilitar la privatización del predio Punta Colorada.
Los manifestantes acusaron falta de seriedad por parte del edil Miguel Olvera, quien no instaló las mesas de trabajo prometidas para ese día. Tras más de dos horas de espera sin respuesta oficial, los asistentes expresaron su indignación por la opacidad y la falta de compromiso del gobierno municipal.
Días antes, el 2 de julio, el presidente municipal intentó aprobar en sesión extraordinaria de Cabildo la condonación de impuestos para el predio en disputa. No obstante, la propuesta fue rechazada por concejales, quienes denunciaron que la iniciativa buscaba favorecer intereses externos al margen de la legalidad.
Ante el riesgo de que se imponga el proyecto sin consulta pública, los asistentes a la protesta recolectaron más de 150 firmas para exigir que todas las sesiones de Cabildo sean abiertas, accesibles y públicas. Señalaron que se trata de una defensa legítima de un bien común amenazado por intereses ajenos a la comunidad.
Pese a las presiones gubernamentales, Punta Colorada sigue protegida por una suspensión definitiva vigente desde el 24 de enero de 2024. Esta resolución judicial impide cualquier acción que comprometa su equilibrio ecológico y se mantiene como un freno legal ante los intentos de urbanización impulsados desde el gobierno estatal.
