Viento en popa los negocios en los SSO: esta vez compran 150 desfibriladores sin licitación y con sobreprecio
La compra de 150 desfibriladores automáticos por parte de los Servicios de Salud de Oaxaca, con un costo total de 15 millones de pesos, se realizó mediante adjudicación directa, evadiendo el proceso de licitación pública que exige la ley. Esta decisión ha desatado críticas por presunta opacidad y favoritismo administrativo.
El monto de la operación obligaba a los SSO a convocar un concurso público, a fin de garantizar transparencia, competencia y el mejor uso de recursos públicos. Sin embargo, la adjudicación directa levantó sospechas de discrecionalidad en el manejo del dinero destinado a salud pública en un estado históricamente rezagado.
Mitzi Dayli García Díaz, responsable de la adjudicación, enfrenta señalamientos por presunto abuso de poder, corrupción y malas prácticas administrativas. Trabajadores sindicalizados han exigido su destitución, acusándola de favorecer proveedores sin criterios claros y de ignorar procedimientos legales establecidos en materia de adquisiciones gubernamentales.
La funcionaria ya había sido vinculada con exdirectivos de los SSO, como Hugo Espinosa Morales y Octavio Torres, acusados de enriquecimiento ilícito. Trascendió que la operación podría ser parte de una red de desvíos de recursos dentro del sector salud, actualmente bajo escrutinio de autoridades fiscalizadoras.
Pese a estas irregularidades, los desfibriladores forman parte del programa Oaxaca, Destino Cardio Protegido, que busca instalar equipos de emergencia en espacios públicos con alta afluencia. Hasta ahora se han colocado 10 dispositivos en sitios emblemáticos como el Auditorio Guelaguetza, Monte Albán, la Central de Abasto y la ADO.
Aunque se trata de una política pública necesaria ante el alto flujo turístico y la limitada capacidad de respuesta médica inmediata, la forma en que se concretó la compra ensombrece su propósito. La implementación de programas de salud no puede desligarse del deber de transparencia, legalidad y rendición de cuentas.
