Congreso de Oaxaca evade licitación y gasta 40 millones sin auditoría en obra legislativa
Una intervención al recinto del Congreso de Oaxaca, por más de 40 millones de pesos, fue contratada y ejecutada al más puro estilo del gobierno de Salomón, Jara: sin licitación pública. Bajo el argumento de ser una “rehabilitación urgente”, la obra incluyó construcción de nuevos espacios, lo que contradice la versión oficial y despierta cuestionamientos sobre el uso discrecional del presupuesto legislativo, que no está sujeto a auditoría externa directa.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Benjamín Viveros, justificó la adjudicación directa alegando falta de tiempo, pero no presentó documentación que acreditara una declaratoria de emergencia ni explicó por qué no se optó por un procedimiento abierto. No reveló el nombre de la empresa contratada ni el desglose detallado del gasto, pese a que la obra incluyó una rampa para personas con discapacidad y una sala de lactancia inexistentes previamente.
Este tipo de contrataciones sin licitación viola el principio de excepcionalidad que establece la Ley de Obras Públicas, al convertir en regla lo que debería ser excepción. La intervención, presentada inicialmente como simple mantenimiento, terminó implicando construcción nueva, lo que debió implicar otro tipo de supervisión técnica, administrativa y legal. Las contradicciones del propio Viveros sobre la naturaleza del proyecto reflejan una narrativa diseñada para evadir responsabilidades.
Además, el Congreso local goza de una autonomía presupuestaria que le permite manejar fondos sin los mismos controles que el Poder Ejecutivo, lo que abre la puerta a prácticas opacas. Al tratarse de recursos públicos, el gasto debería contar con mecanismos rigurosos de transparencia y rendición de cuentas. Pero, hasta ahora, no hay una auditoría pública que respalde el destino del dinero.
El caso refleja un patrón preocupante pero rutinario en el gobierno de Salomón Jara: decisiones relevantes en el uso del erario, que se toman sin planeación ni fiscalización efectiva. Más aún, cuando son ejecutadas por legisladores que no fueron electos por voto directo, como el diputado plurinominal de Morena que encabeza la Jucopo. El gasto ya fue hecho, pero las preguntas clave —quién, cómo y por qué se ejercieron esos recursos— siguen sin respuesta clara.
