Consuman injusticia; TSJEO absuelve a Lizbeth Huerta, exalcaldesa de Nochixtlán, imputada por desaparecer a Claudia Uruchurtu
En medio de la atención mediática por el conflicto con el Sindicato de Burócratas, la Sala de Justicia Indígena y la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO) absolvieron el jueves a Lizbeth Victoria Huerta, expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán. Tras cuatro años en prisión por su presunta responsabilidad como autora intelectual de la desaparición y asesinato de la activista Claudia Uruchurtu, la exalcaldesa quedó en libertad este viernes, una decisión que ha generado indignación entre los familiares de la víctima y organizaciones defensoras de derechos humanos.
La resolución fue encabezada por la magistrada presidenta de la Quinta Sala Penal, Margarita Leonor Gopar Pérez, junto con los magistrados Luis Enrique Cordero Aguilar y Jorge Armando Félix Toledano. Esta decisión ha incrementado las críticas hacia el sistema judicial oaxaqueño, señalado por su falta de imparcialidad y subordinación al Poder Ejecutivo, liderado por la magistrada presidenta del TSJEO, Berenice Ramírez Jiménez. Diversos sectores acusan al tribunal de emitir resoluciones por consigna del gobierno estatal.
A pesar de las pruebas presentadas en contra de Lizbeth Victoria Huerta, la exalcaldesa fue absuelta del delito de desaparición forzada, en lo que críticos interpretan como una decisión influenciada por su cercanía con el gobernador Salomón Jara, quien previamente se había pronunciado en favor de su inocencia. En diciembre de 2022, la jueza María Teresa Quevedo había reclasificado el delito a obstrucción de la justicia, condenándola a cuatro años y dos meses de prisión. Sin embargo, el fallo emitido hoy dejó sin efecto esa condena, asegurando su liberación inmediata.
La liberación de Victoria Huerta ha sido interpretada por activistas y analistas como un ejemplo de la justicia selectiva que prevalece en Oaxaca. Según señalan, el sistema judicial estatal favorece a figuras cercanas al círculo de poder, sin importar la gravedad de los delitos imputados. Esta situación, aseguran, envía un mensaje de impunidad y desconfianza hacia la ciudadanía, especialmente en casos de violaciones graves a los derechos humanos.
La familia de Claudia Uruchurtu y colectivos civiles han condenado la absolución y exigido justicia para la activista desaparecida en 2021 tras protestar contra actos de corrupción en Nochixtlán. Por su parte, organizaciones sociales advierten que la resolución no solo perpetúa la impunidad, sino que también debilita la lucha contra la violencia política y los abusos de poder en Oaxaca.
