Señalan al secretario de Gobierno de Oaxaca de inscribir a esposa en padrón para cobrar Becas Bienestar
Un nuevo caso de corrupción exhibe al gobierno de la llamada “primavera oaxaqueña”, liderado por Salomón Jara Cruz. Este jueves, usuarios de redes sociales denunciaron que el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, inscribió a su esposa, Karla Fabiola Farrera Domínguez, en el padrón de Becas Bienestar, un programa destinado a estudiantes en situación de vulnerabilidad.
La cuenta de X (antes Twitter) “InquisidorOax”, vinculada al Colectivo Editorial Punto y Aparte Oaxaca, reveló que Farrera Domínguez habría recibido recursos de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar en los años 2022, 2023 y 2024. Estos datos se basan en información de transparencia publicada por la misma institución.
Según la denuncia, este caso refleja una práctica de nepotismo y tráfico de influencias dentro del gobierno de Oaxaca. La acusación señala que se han beneficiado familiares con puestos públicos, contratos de obra y servicios, así como recursos destinados a programas sociales. En este caso, la esposa del secretario de Gobierno se habría favorecido con fondos diseñados para apoyar a estudiantes en condiciones precarias.
La fuente corroboró que en el acuerdo ACT-PUB/20/03/2024.08 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), publicado en el Diario Oficial de la Federación, se actualizó el padrón de beneficiarios de recursos públicos. Este documento muestra que Farrera Domínguez figura como receptora de estas becas en tres años consecutivos.
La Dirección General de Enlace con autoridades laborales, sindicatos, universidades y personas físicas confirmó esta información. Además, la Dirección General de Evaluación del INAI corroboró que los datos del padrón incluyen a Farrera Domínguez, lo que ha generado una fuerte indignación en redes sociales.
El programa Becas Bienestar tiene como objetivo primordial fortalecer la educación de estudiantes que viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. La inscripción de personas que no cumplen con estos criterios supone una desviación de recursos públicos que deberían beneficiar a quienes más lo necesitan.
En este contexto, críticos señalan que el lema del gobierno, “primero los pobres”, parece ser ignorado por funcionarios como Jesús Romero López. Según las denuncias, en dos años, Romero López ha colocado a familiares en puestos clave del gobierno estatal y municipal, otorgado contratos a empresas fachada asociadas a su cuñado, José Alejandro Martínez Alavez, y beneficiado a su esposa con las mencionadas becas.
Este caso pone nuevamente bajo escrutinio a la administración de Salomón Jara Cruz, que a dos años de iniciada su gestión ya es objeto de cuestionamientos por su falta de transparencia y posibles actos de corrupción. Ciudadanos y colectivos exigen una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares para quienes resulten responsables de este uso indebido de los recursos públicos.
NEGOCIOS FAMILIARES
Previamente, la misma cuenta denunció un nuevo esquema de empresas fachada, lideradas por el grupo conocido como “GNC Consulting”. Esta organización, integrada por supuestos empresarios, se dedica a justificar y materializar gastos sin respaldo legal. Las operaciones de estas redes no se limitan a personajes como Miguel Ángel Ruíz Solís, Daniel Ortiz Alcaraz y Pedro Luis Morlet Sánchez, sino que involucran a sectores cercanos al poder político, incluyendo a Patricia Cristina Alavez Albarrán y José Alejandro Martínez Alavez.
Patricia Cristina Alavez Albarrán y su hijo, José Alejandro Martínez Alavez, manejan un catálogo de empresas fachada que han prosperado gracias al respaldo de su yerno y cuñado, José de Jesús Romero López, titular de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca, lo que refuerza los vínculos políticos que sostienen a esta red.
La conexión familiar se estrecha con Monserrat Alejandra Romero López, esposa de Martínez Alavez y hermana de José de Jesús Romero López.
Monserrat ocupa el cargo de Coordinadora de Enlace Municipal del Instituto de Capacitación y Empleo de Oaxaca (ICEO), posición que ha facilitado operaciones vinculadas a “GNC Consulting” y a otras empresas fachada relacionadas.
Entre las empresas que integran esta red destaca “Océano Azul Entertainment S.A. de C.V.”, registrada como promotora de espectáculos y cuyo rostro público es Patricia Cristina Alavez Albarrán. Según fuentes internas, esta compañía ha sido utilizada como mecanismo de lavado de dinero derivado de contratos gubernamentales. En 2023, organizó conciertos en el Auditorio Guelaguetza con artistas de renombre como Los Bunkers, Matute y Ricardo Montaner.
Otra empresa del catálogo, agrega la cuenta de X, es “Consultoría de Negocios y Servicios Empresariales OFFIIS S.C.”, cuyo representante legal es Daniel Flores Madrigal. Esta compañía está registrada en un domicilio abandonado ubicado en la 2da Privada de la Noria 421. En 2024, logró firmar 19 contratos con la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Oaxaca, adjudicados de manera directa para campañas de publicidad gubernamental.
Entre las campañas financiadas a través de estos contratos se incluyen “Guelaguetza”, “Dengue”, “Tarjeta Joven” y “Farmacia Bienestar”. Estos contratos sumaron pagos por más de 2 millones de pesos, canalizados hacia la empresa de Martínez Alavez. La Coordinación de Comunicación Social, a cargo de Irene Elizabeth Álvarez Acosta, desempeñó un papel clave en la asignación de estos recursos.
A pesar de los esfuerzos federales contra el uso de factureros y el lavado de dinero, liderados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el titular de Seguridad, Omar García Harfuch, en Oaxaca estas redes operan con el aparente respaldo de funcionarios de alto nivel. La corrupción y la impunidad permiten que estas empresas fachada generen ingresos millonarios al margen de la ley.
El caso de “GNC Consulting” es un ejemplo de cómo la corrupción sigue infiltrándose en las instituciones públicas. Estas redes familiares y empresariales no solo desvían recursos, sino que también socavan la confianza en las autoridades y en la administración estatal.
Especialistas y ciudadanos han exigido una investigación exhaustiva que desmantele esta red de corrupción. Además, se demanda un mayor control en la adjudicación de contratos y una fiscalización rigurosa de los recursos públicos en Oaxaca.
Este escándalo pone en evidencia la urgencia de implementar mecanismos más estrictos que eviten el uso de empresas fachada y garanticen que los recursos públicos se destinen realmente al beneficio de la ciudadanía. Mientras tanto, el caso sigue generando indignación y llamados a la rendición de cuentas por parte del gobierno estatal.
