Ejidatarios y comuneros exigen a Salomón que derogue artículo 25 de Ley de Ingresos de 2024
Comunidades ejidales y comunales, así como organizaciones de la sociedad civil exigieron este miércoles al gobernador Salomón Jara y al Congreso local que deroguen a la brevedad el artículo 25 de la Ley de Ingresos de 2024, junto con el programa denominado “Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio”.
Lo anterior, porque dicho artículo vulnera la seguridad jurídica de la propiedad social de las comunidades agraria, indígenas y ejidos, y el derecho inalienable consagrado en el artículo 27 de nuestra Carta Magna.
La Ley de Ingresos 2024 aprobada por los diputados locales viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que establece la libre determinación y la propiedad social de los territorios de los pueblos originarios, lo cual el Gobierno de Oaxaca está obligado a respetar y aplicar plenamente.
VER NOTA 👇 Ejidatarios y comuneros exigen a Salomón que derogue artículo 25 de Ley de Ingresos de 2024
En un pronunciamiento firmado por siete comisarios ejidales y comunales del Valle de Oaxaca y otras regiones del estado, señalan que no les basta las declaraciones de Salomón Jara y de su consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero, en el sentido de que es falsa su pretensión de privatizar las tierras comunales y ejidales, sino que debe derogar esa ley para evitar confusiones y conflictos posteriores.
La Ley de Ingresos aprobada por el Congreso local de mayoría morenista, a iniciativa de Salomón Jara, establece la creación del Programa Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio, que busca incorporar a la propiedad privada los predios ejidal y comunal, “beneficiando directamente a los propietarios e indirectamente a los municipios que ven incrementado su padrón de propiedad inmobiliaria y con esto el impuesto predial, que sirve de coeficiente para la distribución de participaciones federales”.
Además, el referido artículo plantea otorgar estímulos fiscales a los beneficiarios del citado programa, incorporando a la propiedad privada los predios ejidales y comunales que han adoptado la certificación de derechos agrarios bajo la modalidad de dominio pleno, y que no han regularizado la inscripción en la base catastral y ante el Instituto de la Función Registral.
Los firmantes del pronunciamiento explicaron que la parte del decreto que se cuestiona es una clara muestra de la visión neoliberal, fundada en la política impuesta por el expresidente Carlos Salina de Gortari mediante la reforma constitucional del 6 de enero de 1992, para la privatización de la propiedad social que detentan las comunidades agrarias indígenas y ejidos.
Además, apuntaron que el hecho de que Salomón Jara se asuma como indígena zapoteca, no garantiza que conozca la vida social, económica, política y cultural de los pueblos y comunidades indígenas y agraria, así como los ejidos.
..ALMD..
