Sobreseimiento del amparo contra expropiación de terrenos de Triplay, fue una extralimitación del gobierno de Salomón Jara: Abogado
Una acusación grave de parcialidad judicial contra el juez Víctor Manuel Jaimes Morelos, del Juzgado Cuarto de Distrito en Oaxaca, fue presentada por el abogado de uno de los propietarios del predio expropiado por el gobierno de Oaxaca para construir el Parque Primavera. Denuncia que el juez desestimó la demanda contra la expropiación de las tierras donde se asentaba la antigua fábrica, a pesar de la orden de un Tribunal Superior de escuchar el caso. La acusación es que lo hizo para favorecer a su hermano, Gonzalo de Jesús Jaimes Morelos, un funcionario del gobierno.
Carlos Román, el representante legal de Jesús Ramírez, el comprador de las tierras, hizo estas acusaciones. Ramírez había adquirido 3,5 hectáreas de tierra de antiguos trabajadores de la fábrica, pero posteriormente fue desposeído. Román afirma que existe una conspiración entre el Poder Judicial de Oaxaca, encabezado por la magistrada Berenice Ramírez Jiménez, y el Poder Ejecutivo, representado por el abogado Giovani Vásquez Sagrero, consejero jurídico del gobierno de Salomón Jara, para apoderarse del predio sin una compensación justa.
Román expresó su preocupación por la posibilidad de presiones políticas del gobierno de Jara hacia los jueces, si el gobierno pierde el caso. Argumenta que el Poder Judicial tanto federal como estatal está bajo la influencia del gobierno estatal. Y a pesar de dos victorias anteriores en tribunales superiores, el juez Jaimes Morelos desestimó el caso nuevamente, apenas unos días antes de la inauguración del Parque Primavera, construido sobre los terrenos donde operaron Triplay, Novopan y la Compañía Forestal de Oaxaca.
El abogado considera que las acciones del juez están sesgadas debido a la posición de su hermano como funcionario del gobierno. Para sustentar su afirmación, Román presentó actas de nacimiento y un organigrama que muestra la posición de su hermano dentro del gobierno de Salomón Jara.
Román argumenta que es muy inusual que un caso sea desestimado tan abruptamente y lo atribuye a la relación familiar entre el juez y el funcionario del gobierno. Considera que existe una conexión directa entre ambos, lo que sugiere una relación patrón-cliente.
El abogado afirma que su cliente fue desalojado a la fuerza de la propiedad y que la expropiación se basó en datos catastrales erróneos. Argumenta que los datos catastrales son para fines administrativos y fiscales, no para la expropiación de tierras.
El objetivo principal, según Román, es buscar una compensación justa para el propietario de las tierras con base en los valores actuales de las propiedades. Expresó su confianza en que el Tribunal Superior fallará a favor de su cliente y ordenará al gobierno cumplir con la sentencia.
Román destacó el desalojo violento de los trabajadores del propietario de las tierras y la importante inversión financiera realizada por su cliente. Criticó el decreto de expropiación del gobierno por ser defectuoso y estar basado en información incorrecta.
