Político de Morena obtuvo millonarios contratos para rehabilitar la Línea Z donde descarriló el Tren Interoceánico
El descarrilamiento del Tren Interoceánico en la Línea Z dejó 14 muertos, casi 100 heridos, y abrió cuestionamientos por contratos millonarios otorgados a un político de Morena, Carlos Díaz Aldaña, responsable de las obras en el tramo del Istmo de Tehuantepec, según una investigación periodística difundida por el medio Latinus.
De acuerdo con el reportaje presentado esta noche de miércoles por el periodista Carlos Loret de Mola, Díaz Aldaña recibió más de 2 mil millones de pesos mediante 14 contratos públicos para rehabilitar vías, balasto y taludes, justamente en la línea donde ocurrió el accidente ferroviario el 28 de diciembre de 2025, que dejó víctimas mortales y heridos con secuelas de por vida.
Los trabajos fueron asignados a tres empresas ligadas al político de origen chiapaneco: Asfaltos y Derivados de la Costa, Ferro Asfalto de México y Elena Díaz, todas con sede en Tapachula, y beneficiadas durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum mediante contratos ferroviarios de alto impacto.
Latinus documenta que once contratos se otorgaron por adjudicación directa, sin licitación pública, y que en otro procedimiento las propias empresas relacionadas compitieron entre sí, un esquema que incrementó dudas sobre transparencia, competencia real y vigilancia técnica en un proyecto considerado emblemático de la llamada Cuarta Transformación.
La supervisión de las obras habría recaído, en teoría, en Boby López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, designado para vigilar la rehabilitación de la vía que conecta los océanos Pacífico y Atlántico a través del Istmo de Tehuantepec, pieza clave del Corredor Interoceánico (CIIT).
Carlos Díaz Aldaña.
El reportaje revela que, pese a la inversión, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó rieles dañados, balasto contaminado, curvaturas deficientes y taludes inestables, problemas que los contratos buscaban corregir y que ahora son revisados por la SICT tras la tragedia, mientras autoridades analizan si existieron fallas técnicas o responsabilidades administrativas vinculadas al mantenimiento ferroviario.
Los documentos oficiales obtenidos por Latinus muestran un crecimiento exponencial de contratos para Díaz Aldaña, al pasar de 74 millones de pesos en el sexenio de Enrique Peña Nieto a más de dos mil millones durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, con recursos federales asignados al proyecto ferroviario.
Solo entre 2024 y 2025, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec pagó alrededor de mil 600 millones de pesos por once contratos, según la investigación, en un periodo cercano al accidente que hoy mantiene bajo escrutinio público la ejecución, calidad y supervisión de las obras realizadas en tramos críticos del proyecto.
Además del ámbito empresarial, Díaz Aldaña ha mostrado cercanía política con figuras de Morena y ha aspirado a candidaturas, presumiendo fotografías con líderes partidistas, lo que añade un contexto político a la investigación, sin que hasta ahora exista un pronunciamiento oficial que deslinde responsabilidades sobre contratos, supervisión y seguridad ferroviaria.
Este nuevo caso reaviva en México el debate sobre opacidad, conflicto de interés y rendición de cuentas en megaproyectos federales, mientras familiares de las víctimas exigen verdad y justicia por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, un proyecto estratégico que prometía desarrollo regional y hoy enfrenta señalamientos por su ejecución irregular.
