POLÍTICA EXPRÉS | * Revocación sin confianza: el mensaje incómodo que Oaxaca le envió a Salomón Jara
La revocación de mandato del gobernador Salomón Jara Cruz terminó siendo menos un ejercicio de democracia participativa y más un espejo de las fragilidades institucionales de Oaxaca. Lejos de fortalecer la confianza ciudadana, el proceso exhibió inconsistencias técnicas, narrativas oficiales contradictorias y un manejo político que profundizó la sospecha pública.
Los resultados preliminares del IEEPCO, con una ventaja para la opción “Que siga en la gubernatura”, no lograron disipar las dudas. El avance irregular del conteo, las caídas del sistema y las variaciones abruptas en los porcentajes alimentaron la percepción de un proceso poco transparente y débilmente explicado por la autoridad electoral.
A ello se suma un dato contundente: la participación ciudadana apenas rondó el 28 por ciento, muy lejos del umbral legal para que el ejercicio fuera vinculante. Aunque jurídicamente insuficiente, políticamente es reveladora. La revocación no fracasó por apatía, sino por una profunda desafección hacia el gobierno estatal.
Durante las horas críticas del conteo, Morena adelantó cifras optimistas que no coincidían con los datos oficiales. Esa estrategia comunicativa, más cercana al “control de daños” que a la prudencia institucional, terminó por exacerbar la desconfianza, pues parecía buscar imponer una narrativa antes de que concluyera el propio proceso electoral.
Las fallas del sistema Siscorma del IEEPCO resultaron especialmente graves. Cada interrupción coincidió con momentos en los que la tendencia favorecía a la revocación o mostraba empates. Al reanudarse el conteo, la balanza se inclinaba hacia la continuidad, sin explicaciones técnicas convincentes ni informes detallados para la ciudadanía.
Este manejo errático golpea directamente la credibilidad del instituto electoral. El IEEPCO no solo administra votos; administra confianza democrática. Cuando no informa, no aclara y no rinde cuentas oportunamente, abre espacio a la sospecha legítima de manipulación, selectividad en el conteo o, al menos, incompetencia institucional.
Más allá del resultado final, el dato político central es el alto porcentaje de votos contra la continuidad del gobernador. Cerca del 42 por ciento —hasta ahora— de quienes participaron optaron por la revocación. No es una minoría marginal: es un bloque social significativo que expresa inconformidad, desgaste y rechazo a la forma de gobernar.
Encuestas de salida, como la de Enquiere, profundizan esa lectura. Reflejan un repudio mayoritario entre quienes sí acudieron a las urnas. Desestimar ese mensaje bajo el argumento de la baja participación puede ser legal, pero es políticamente miope y socialmente irresponsable para cualquier gobierno que aspire a estabilidad.
La gobernabilidad no se sostiene solo con mayorías legislativas ni con el aparato partidista. Se sostiene con legitimidad social. Cuando ésta se erosiona, cada decisión se percibe impuesta, cada conflicto escala y el gobierno entra en una dinámica defensiva que Oaxaca conoce demasiado bien por experiencias históricas.
El gobernador Salomón Jara puede ampararse en la ley para continuar su mandato, pero la revocación dejó un mensaje claro: hay un quiebre entre el poder y la ciudadanía. Ignorarlo sería profundizar la fractura. Escucharlo, rectificar y corregir es la única vía para evitar un gobierno legal, pero moralmente vacío.
