POLÍTICA EXPRÉS | * Rector de la UABJO se “moreniza” y allana una imposición oficialista en mayo
La sucesión rectoral en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se ha convertido en un espejo incómodo del poder político estatal. Lo que debería ser un proceso autónomo, crítico y académico, hoy aparece contaminado por intereses partidistas, acuerdos cupulares y una preocupante renuncia institucional a la independencia universitaria.
El rector Cristian Carreño López prometió imparcialidad ante el Consejo Universitario, pero sus actos cuentan otra historia. La percepción generalizada entre catedráticos y actores internos es que no solo abandonó la neutralidad, sino que habría decidido operar políticamente para favorecer al candidato del oficialismo estatal.
Esa “morenización” no es un concepto retórico, sino una práctica visible. La universidad ha prestado espacios a actividades vinculadas a Morena, diluyendo la frontera entre institución educativa y aparato partidista. La autonomía, principio constitucional, se reduce a discurso mientras en los hechos se subordina al poder.
La irrupción de Farid Acevedo López como aspirante no puede entenderse sin ese contexto. Su renuncia estratégica al gobierno estatal y el respaldo explícito del gobernador Salomón Jara lo colocan como el candidato natural del oficialismo, alimentando la percepción de una imposición cuidadosamente diseñada desde fuera.
Sin embargo, la comunidad universitaria no es monolítica. Aspirantes “de casa” como Amílcar Sosa y Enrique Martínez representan una resistencia interna que rechaza la lógica de la cargada. No se trata solo de nombres, sino de dos visiones: universidad como espacio crítico o universidad como extensión del poder político.
El problema de fondo es aún más delicado. Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por irregularidades millonarias durante la actual gestión abren una sospecha inquietante: el relevo rectoral podría estar negociándose como mecanismo de protección e impunidad, más que como transición académica legítima.
Si esa hipótesis es correcta, la autonomía universitaria se estaría utilizando como moneda de cambio. No para proteger a la institución del poder, sino para proteger a quienes la administran del escrutinio público. Es una inversión perversa del sentido mismo de la universidad pública en una democracia.
Las presiones denunciadas —directores obligados a alinearse, sindicatos operando políticamente, estructuras internas activadas como maquinaria electoral— refuerzan la idea de una elección que podría resolverse “a la mala”. No en las aulas ni en el debate, sino en acuerdos, amenazas y simulaciones.
Lo más grave es el precedente. Si la UABJO cede, otras instituciones podrían seguir el mismo camino: convertirse en plataformas políticas disfrazadas de espacios académicos. La pérdida no sería solo local, sino estructural para el país, debilitando uno de los últimos bastiones de pensamiento crítico independiente.
La elección de mayo no será solo un cambio de rector. Será una prueba de resistencia institucional. O la universidad recupera su autonomía y dignidad, o confirma su captura. Y entonces, más que elegir rector, habrá consumado su transformación en instrumento del poder político en turno.
