POLÍTICA EXPRES | * ¿Qué clase de presidente de la Corte pide violar la Constitución?

El país ha sido testigo de uno de los episodios más grotescos y preocupantes en la historia reciente del Poder Judicial. Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pidió a un expresidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, incluir un transitorio para hacer retroactiva una ley que violenta la Constitución.
La revelación de esta maniobra, que pretendía introducir de forma subrepticia una cláusula contraria al artículo 14 constitucional, deja en evidencia el nivel de descomposición institucional que corroe a los órganos encargados de defender el Estado de Derecho. Lo inaudito es que el impulso provino de quien debería ser su guardián.
El presidente de la Corte no puede, bajo ningún pretexto, promover la retroactividad de una norma. Su deber es preservar la integridad constitucional, no manipularla. Lo que hizo Hugo Aguilar no solo es jurídicamente aberrante, sino moralmente inaceptable. Es una traición al juramento que hizo al asumir el cargo.
El escándalo, revelado por la periodista Leticia Robles de la Rosa, destapó una cadena de favores y complicidades. Aguilar pidió el cambio a Arturo Zaldívar, expresidente de la Corte; Zaldívar a Ernestina Godoy, consejera de la Presidencia; y ella a Adán Augusto, líder del Senado. El resultado: un transitorio “fantasma” que apareció sin el aval de los senadores. Cuando se pidieron explicaciones, la respuesta fue inconcebible: “fueron instrucciones”.
El intento de colar la retroactividad rompió la cohesión oficialista. Senadores que siempre votaban al unísono se rebelaron ante lo que calificaron como una imposición inconstitucional. Javier Corral, Enrique Inzunza, y hasta aliados del PT y PVEM, se negaron a convalidar semejante atropello jurídico.
El episodio evidenció que incluso dentro del bloque oficialista existen límites. Legisladores como Luis Armando Melgar y Maki Ortiz recordaron que la Ley de Amparo existe para proteger a los ciudadanos frente al poder, no para servir de instrumento al abuso. Su oposición fue un respiro de dignidad en medio del servilismo.
Resulta escalofriante que, desde la cabeza del Poder Judicial, se haya impulsado una disposición que anula uno de los principios más sagrados de la justicia mexicana: la irretroactividad de la ley. Es como si el vigilante hubiera decidido incendiar la casa que juró custodiar.
Javier Corral relató que el transitorio ya había sido eliminado en comisiones por inconstitucional, pero reapareció en el pleno del Senado “mediante reserva”. Es decir, alguien lo volvió a insertar deliberadamente. Esa “resurrección” ilegal del texto es una afrenta al proceso legislativo y a la inteligencia de los ciudadanos.
La presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que salir a corregir el despropósito y reiterar lo obvio: la Constitución prohíbe la retroactividad de las leyes. Que sea la titular del Ejecutivo quien deba recordar al presidente de la Corte los límites constitucionales ilustra el nivel de degradación institucional que enfrentamos.
Lo ocurrido con Hugo Aguilar no es un error técnico, sino un atentado contra el orden constitucional. Si el máximo intérprete de la ley busca torcerla a conveniencia política, ¿qué queda para el resto del sistema? México merece un presidente de la Corte que honre la Constitución, no que la negocie.