POLÍTICA EXPRÉS | * Oliver López y el “no podemos”: Morena entre impunidad, silencio y descrédito político

La figura del diputado morenista Oliver López García se ha convertido en un símbolo incómodo de cómo el poder puede deformarse cuando no encuentra contrapesos reales. No se trata de rumores aislados, sino de una cadena de señalamientos públicos, documentados y persistentes que, hasta hoy, no han recibido una respuesta institucional proporcional.

Oliver López no es un actor marginal. Es diputado local por el Distrito XI, con presencia territorial, redes políticas y una narrativa oficial que lo presenta como gestor cercano a la gente. Precisamente por eso, las acusaciones que pesan sobre él resultan más graves: provienen del ejercicio mismo del poder que le fue conferido.

Las denuncias por presunto acoso y discriminación laboral no pueden minimizarse como “errores de comunicación”. Publicar ofertas de empleo dirigidas exclusivamente a mujeres jóvenes, bajo criterios subjetivos como “buena presentación”, reproduce prácticas machistas incompatibles con cualquier cargo público, y más aún con un partido que dice combatir la violencia de género.

La reacción posterior del diputado, lejos de aclarar o asumir responsabilidad, agravó la percepción pública. Evadir a la prensa y publicar mensajes que parecen burlarse de las acusaciones —como la imagen del whisky “Puras de 18”— transmite soberbia, desprecio por las víctimas y una peligrosa sensación de impunidad.

A ello se suman los señalamientos de nepotismo en el ICAPET, donde su hermana funge como directora. La presunta existencia de decenas de “aviadores”, muchos vinculados a su red familiar y política, no es un asunto menor: implica el uso patrimonial del Estado y el desvío sistemático de recursos públicos.

El caso se vuelve todavía más delicado cuando se observa la dimensión territorial del poder que se le atribuye. Audios filtrados lo muestran dictando listas negras, condicionando apoyos sociales y exigiendo credenciales de elector para “saber quién es quién”, prácticas que recuerdan al viejo caciquismo que Morena prometió erradicar.

Condicionar programas sociales a la lealtad política no solo es inmoral; es ilegal. Los apoyos públicos no son propiedad de ningún diputado ni moneda de cambio electoral. Son derechos ciudadanos. Usarlos como herramienta de control es una forma de violencia política que erosiona la democracia desde lo local.

Frente a este cúmulo de señalamientos, la respuesta de la dirigencia cameral ha sido, cuando menos, decepcionante. La presidenta de la Jucopo, Tania Caballero, ha optado por un deslinde discursivo acompañado de una frase que resume el problema: “no podemos hacer nada”.

Es cierto que el marco legal limita las sanciones internas sin una sentencia judicial. Pero reducir la responsabilidad política a una formalidad jurídica es una manera elegante de lavarse las manos. El Congreso no es solo un órgano legislativo; también es un espacio de ética pública y rendición de cuentas.

Decir que todo debe resolverse en la Fiscalía puede ser jurídicamente correcto, pero políticamente huele a encubrimiento pasivo. No porque se proteja explícitamente al diputado, sino porque se renuncia a ejercer cualquier presión institucional, moral o política mientras las denuncias se acumulan.

Resulta especialmente grave que este discurso provenga de un partido que ha construido su identidad sobre la lucha contra la corrupción y la impunidad. Morena no puede exigir castigo para los adversarios y silencio prudente cuando los señalados son propios. Esa doble vara destruye credibilidad.

El argumento del “debido proceso” no debe convertirse en excusa para la inacción. Respetar derechos no implica inmovilidad. Se pueden impulsar auditorías, exhortos públicos, comisiones especiales o reformas internas que envíen un mensaje inequívoco: las conductas denunciadas no son tolerables.

La posición de diputadas que impulsan agendas contra la violencia de género también queda en entredicho cuando el respaldo se queda en declaraciones. Las víctimas no necesitan solo palabras de aliento; necesitan instituciones que actúen, acompañen y presionen para que las denuncias no mueran en el archivo.

El caso Oliver López revela un problema estructural: la protección que otorga el fuero político y la disciplina partidista. Cuando la prioridad es evitar “daños al movimiento”, la justicia se posterga y la ética se negocia, reproduciendo exactamente aquello que se prometió transformar.

Además, el parentesco político en las cúpulas del poder oaxaqueño añade una capa de desconfianza. Aunque no implique ilegalidad, sí eleva la expectativa de actuar con mayor firmeza. El silencio o la tibieza, en ese contexto, pesan el doble ante la opinión pública.

Conviene insistir: aquí no hay sentencias, hay acusaciones. Pero son acusaciones graves, reiteradas y respaldadas por testimonios y evidencias públicas. Ignorarlas o minimizar su impacto no protege a Morena; lo debilita y lo acerca peligrosamente a las prácticas del pasado.

La democracia no se erosiona solo con delitos comprobados, sino también con la normalización del abuso y la indiferencia institucional. Cuando un diputado actúa como autoridad de facto en su región y nadie le pone freno, el mensaje es devastador para la ciudadanía.

Oaxaca no necesita más ruedas de prensa ni más deslindes calculados. Necesita instituciones que entiendan que la legalidad es el piso, no el techo. Que la ética pública exige ir más allá del “no podemos” y atreverse, al menos, a decir “no estamos dispuestos a tolerar”.

Si Morena quiere sostener su discurso de transformación, este es el momento de demostrarlo. De lo contrario, el caso Oliver López García quedará como otro ejemplo de cómo el poder, sin consecuencias, termina pareciéndose demasiado a aquello que juró combatir.