POLÍTICA EXPRÉS | * Morena y su estrategia de maquillar cifras delictivas para simular avances en seguridad
En México, los gobiernos de Morena han adoptado una práctica deplorable: alterar las estadísticas de delitos para proyectar una falsa imagen de seguridad. En lugar de combatir el crimen con estrategias efectivas, optan por reclasificar homicidios y robos en categorías ambiguas como “no especificados” o “atención ciudadana”, distorsionando la realidad y engañando a la ciudadanía sobre la verdadera incidencia delictiva.
Esta manipulación no es un error aislado, sino una estrategia sistemática para respaldar narrativas políticas triunfalistas. Mientras el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta descensos impresionantes, encuestas independientes como la ENVIPE del INEGI revelan que el 93% de los delitos no se denuncian, destacando un subregistro masivo que beneficia a administraciones incompetentes.
En Baja California, gobernada por Morena bajo Marina del Pilar Ávila, las cifras oficiales muestran una reducción del 50% en robos con violencia de 2024 a 2025. Sin embargo, esto se logra reclasificando denuncias como “Registros de Atención Ciudadana” (RAC), que no entran en las carpetas de investigación ni en las estadísticas del SESNSP, ocultando la persistente violencia en Tijuana y Mexicali.
Empresarios y cámaras locales en Baja California han denunciado esta artimaña como un intento deliberado de simular avances en seguridad. Mientras el gobierno presume éxitos, la percepción de inseguridad alcanza el 78% según el INEGI, y reportes independientes indican que los cárteles mantienen el control, con victimizaciones reales en ascenso pese a las “bajas” ficticias.
En Oaxaca, otro bastión de Morena con Salomón Jara al frente, las autoridades celebran una baja del 30% en delitos totales. Pero esto encubre reclasificaciones masivas: homicidios dolosos se disfrazan de “accidentes” o “otros delitos contra la vida”, ignorando que el 94% de los ilícitos no se investigan, según la ENVIPE 2025.
Organizaciones civiles en Oaxaca acusan al gobierno de Jara de priorizar la propaganda sobre la justicia. Feminicidios y violencia en regiones indígenas se subestiman, con miles de casos archivados en rubros vagos, lo que perpetúa la impunidad y deja a la población vulnerable, contradiciendo las encuestas que muestran un aumento del 60% en victimizaciones reales.
Estas prácticas en Baja California, Oaxaca y otras entidades gobernadas por Morena ejemplifican cómo dicho partido erosiona la confianza institucional. Al alterar datos, no solo se maquillan fracasos en prevención del crimen, sino que se obstaculizan políticas reales contra el narco y la violencia, agravando la crisis nacional donde México ocupa el tercer lugar mundial en criminalidad organizada.
La brecha entre estadísticas oficiales y la realidad es alarmante: mientras Morena presume reducciones del 32% en homicidios, la percepción de inseguridad crece, con el 61% de los mexicanos sintiéndose vulnerables. Esta discrepancia fomenta el cinismo y debilita el Estado de derecho, priorizando la imagen política sobre la seguridad ciudadana.
Ante ello, resulta imperativo demandar transparencia y auditorías independientes a estas manipulaciones. Organismos como México Evalúa y Causa en Común deben liderar revisiones cruzadas de datos, exponiendo cómo gobiernos de Morena usan trucos contables para evadir responsabilidad, en detrimento de víctimas que merecen justicia real, no números falsos.
En última instancia, esta mala praxis revela la incompetencia de Morena en gobernar: ante la imposibilidad de bajar el crimen mediante estrategias efectivas, optan por el engaño. Baja California y Oaxaca no son excepciones, sino síntomas de un problema sistémico que urge corregir para restaurar la fe en instituciones y combatir la violencia de frente.
