POLÍTICA EXPRÉS | * La farsa democrática en Oaxaca: una revocación de mandato desaseada y secuestrada
El ejercicio de revocación de mandato contra Salomón Jara Cruz nació muerto. Lo que debería ser una herramienta de control ciudadano se ha degradado en una simulación institucional. Desde su origen, el proceso muestra vicios profundos que lo alejan de la democracia real para convertirlo en una burda ratificación.
El eje central de este atropello es la transformación de un derecho en propaganda estatal. El gobierno oaxaqueño ha secuestrado el mecanismo, financiándolo soterradamente y organizándolo bajo sus propias reglas. Los oaxaqueños no están ante un examen social al poder, sino ante una coreografía de autopromoción diseñada para inflar el ego político del gobernante.
La actuación del IEEPCO resulta alarmante por su evidente permisividad. El árbitro electoral, lejos de garantizar imparcialidad, pareció haber actuado en complicidad con el Ejecutivo. Al ignorar las violaciones sistemáticas a la legislación, el instituto renunció a su autonomía, permitiendo que la ilegalidad dictara el ritmo del proceso.
La propaganda masiva fuera de los plazos legales es un insulto a la ley. Lonas y espectaculares inundan el estado sin que ninguna autoridad ponga freno al dispendio. Estos recursos, presuntamente extraídos del presupuesto público, deberían destinarse a salud o infraestructura, no a la fabricación de un respaldo popular inexistente.
En el proceso de revocación está a la vista la estrategia de cooptación que utiliza la miseria como moneda de cambio. En las redes sociales, abundan los reportes de compra de votos y entrega de bienes, que revelan la degradación moral de Morena. El clientelismo más rancio se ha apoderado de las calles, sustituyendo el discernimiento ciudadano por el soborno.
La coacción del voto a través del miedo es la herramienta del autoritarismo actual. Funcionarios públicos son obligados a entregar listas de votantes bajo amenaza de perder su empleo. Este chantaje laboral en dependencias como el Registro Civil y el DIF Estatal evidencia un abuso de poder sin precedentes.
En las comunidades más vulnerables, el condicionamiento de programas sociales es una práctica criminal. Amenazar con retirar apoyos federales si no se vota por la continuidad es un secuestro de la libertad. La política social se ha convertido en un garrote para someter la voluntad de los oaxaqueños.
El acarreo corporativo y el uso de sindicatos activan una maquinaria de movilización forzada. Se imponen cuotas de votantes a presidentes municipales, condicionando el presupuesto a la lealtad electoral. Esta estructura de presión anula cualquier posibilidad de una jornada libre, justa y equitativa el próximo domingo 25.
La impunidad reina gracias a una Fiscalía Electoral que reporta cero denuncias ante las evidencias, pero que han sido descartadas de antemano. La falta de investigaciones no significa que no existan delitos, sino que existe un pacto de complicidad. El sistema jurídico local ha sido neutralizado para proteger al gobernador de cualquier consecuencia por sus excesos.
Llevar el proceso ante la Suprema Corte será el último recurso para la democracia. Si esta simulación se valida, la revocación de mandato morirá como derecho ciudadano en México. Oaxaca es hoy el laboratorio de un modelo autoritario que prefiere la movilización inducida sobre la voluntad ciudadana real.
