POLÍTICA EXPRÉS | * Gobierno desacredita marcha juvenil mientras evade demandas legítimas de seguridad, economía y oportunidades
La marcha convocada por la Generación Z para este sábado 15 de noviembre refleja un hartazgo social creciente, especialmente tras el asesinato del alcalde de Uruapan. Jóvenes apartidistas buscan justicia, seguridad y oportunidades reales. Sin embargo, el gobierno de Claudia Sheinbaum parece más interesado en cuestionar su origen que en atender sus exigencias.
Desde el lunes, la presidenta ha centrado sus conferencias en poner en duda la legitimidad de la movilización. En vez de reconocer el descontento que la impulsa, prefirió preguntar “quién convoca y cómo”, sugiriendo una supuesta manipulación opositora. Esa narrativa desvía el foco de los reclamos juveniles hacia sospechas políticas infundadas.
El tono burlón hacia figuras de la oposición, calificándolas de que “ni a chavorrucos llegan”, no solo minimiza la convocatoria juvenil, sino que también ridiculiza la participación ciudadana. Desacreditar a los adultos que simpatizan con la marcha no invalida el legítimo descontento de miles de jóvenes que enfrentan violencia, precariedad y falta de futuro.
La presentación del informe de “Infodemia Mx” elevó la estrategia gubernamental al terreno de la conspiración. Hablar de una “estrategia digital pagada” con millones de pesos, bots extranjeros y redes internacionales de derecha sirve para sembrar duda, pero no para explicar la profunda frustración que impulsa a la juventud a levantar la voz.
Blindar Palacio Nacional con vallas de acero y recordar episodios traumáticos como Tlatelolco resulta desproporcionado frente a una marcha anunciada como pacífica. Ese mensaje envía la señal de que el gobierno teme a los jóvenes, en lugar de confiar en su capacidad de expresarse sin violencia ni manipulación.
Las respuestas oficiales han generado indignación entre los organizadores. Jóvenes como Edson Andrade denuncian sentirse expuestos, señalados casi como criminales por el simple hecho de compartir una convocatoria. Esa exhibición pública desde el poder inhibe la participación y alimenta un ambiente de intimidación institucional innecesario.
En redes sociales, el contraste es evidente. Mientras miles apoyan la marcha como un despertar generacional, el gobierno intenta justificar la investigación del movimiento como “transparencia”. No obstante, resulta contradictorio decir que México es un país libre mientras se exhibe a ciudadanos y se cuestiona preventivamente su derecho a manifestarse.
La administración de Sheinbaum insiste en que el movimiento no es genuino, pero evita dialogar directamente con quienes protestan. No propone mesas de trabajo, no abre espacios y no responde con políticas claras. En lugar de escuchar, prefiere sospechar. En lugar de acercarse, se atrinchera tras vallas metálicas y discursos defensivos.
Esa postura revela un doble estándar preocupante. La generación que hoy protesta creció bajo gobiernos que presumían luchar por la libertad de expresión. Hoy, cuando exige seguridad, empleos dignos y oportunidades reales, recibe desconfianza y descalificaciones. El discurso de apoyo a manifestaciones pacíficas pierde credibilidad cuando se acompaña de estigmatización.
La marcha de mañana será un termómetro del ánimo social y del distanciamiento entre el gobierno y la juventud. Si Sheinbaum quiere construir legitimidad, debe dejar de deslegitimar a quienes señalan los problemas más urgentes del país. La seguridad, la economía y el futuro de los jóvenes no se resuelven con becas sin seguimiento ni con narrativas de conspiración.
