POLÍTICA EXPRÉS | * Gobierno de Sheinbaum abandona enfermos sin medicinas mientras reparte dinero con fines meramente electorales
El gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum ha demostrado que sus prioridades no están con los mexicanos enfermos. Mientras millones de ciudadanos padecen por la falta de medicamentos, el presupuesto se destina a subsidios electorales, becas indiscriminadas y pensiones anticipadas, medidas diseñadas para comprar simpatías, no para salvar vidas.
La Constitución Mexicana, en su artículo 4°, garantiza el derecho a la protección de la salud. Este mandato no es una recomendación, es una obligación legal y moral del Estado. Negar medicamentos y tratamientos es incumplir la ley y atentar contra la dignidad humana de quienes más los necesitan.
Sin embargo, en lugar de cumplir con ese mandato constitucional, el gobierno prefiere otorgar becas de ocho mil pesos a jóvenes hasta de 30 años y una pensión universal para mujeres de 60. Mientras tanto, niños y adultos con cáncer o enfermedades crónicas agonizan sin tratamiento.
El desabasto de medicamentos oncológicos, antirretrovirales, insulina y medicinas básicas es un problema documentado por médicos, pacientes y organizaciones civiles. No se trata de un invento de la oposición, sino de una crisis real que se traduce en muertes evitables todos los días en hospitales públicos.
Este 9 de agosto, en Oaxaca, la Marcha por la Salud reunió a decenas de ciudadanos, padres de familia y pacientes para exigir lo elemental: medicinas. Desde la Fuente de las Ocho Regiones hasta el zócalo, las voces clamaron por una salud digna, un derecho que el gobierno ignora.
Las pancartas lo decían claro: “Un hospital es un derecho, no un lujo” y “Exigimos recursos para quimioterapias”. Sin embargo, las autoridades parecen más interesadas en financiar conciertos gratuitos y propaganda política que en garantizar que un niño con cáncer reciba su tratamiento completo y a tiempo.
El caso del Hospital de la Niñez Oaxaqueña es paradigmático: sin insumos suficientes para tratar a pequeños pacientes, son las fundaciones y donaciones privadas las que sostienen lo que debería ser responsabilidad del Estado. Esto no es filantropía ciudadana, es negligencia gubernamental disfrazada de austeridad.
Asignar recursos para ganar votos mientras se deja morir a enfermos es un acto de violencia institucional. Es, en los hechos, un atentado contra la vida, la salud y la Constitución. Un país que abandona a sus enfermos ha renunciado a su humanidad y a su Estado de derecho.
Claudia Sheinbaum no puede alegar desconocimiento. Cada protesta, cada queja y cada dato documentado son pruebas de su omisión. No es falta de dinero, es una elección política: destinar recursos a programas populistas en lugar de cumplir la obligación constitucional de garantizar la salud pública.
La historia juzgará este periodo como una era de prioridades invertidas, donde la propaganda sustituyó a la política pública y la salud fue relegada al olvido. Pero los ciudadanos no pueden esperar al juicio histórico: exigir medicamentos hoy es exigir el derecho a vivir, sin condiciones ni pretextos.
