
POLÍTICA EXPRÉS | * El blindaje legislativo de Salomón Jara: un engaño monumental a los oaxaqueños
De la consigna populista de que “el pueblo pone y el pueblo quita”, Salomón Jara ha pasado a maniobrar con urgencia en el Congreso local para blindarse de un eventual ejercicio ciudadano de revocación de mandato. Lo que antes presentó como un derecho popular, hoy pretende reducirlo a un trámite imposible, disfrazado de “reforma democrática”.
La iniciativa impulsada por Benjamín Viveros, sobrino del gobernador y presidente de la Jucopo, busca aumentar el porcentaje de participación ciudadana requerido para que la revocación de mandato sea vinculante. Bajo el argumento de dar mayor “certidumbre”, en realidad la propuesta busca que los oaxaqueños nunca puedan juntar los votos necesarios para destituir a su mandatario.
El absurdo es mayúsculo: se quiere fijar como requisito una cifra de participación superior a la que el propio Jara obtuvo para ganar la gubernatura en 2022. Es decir, con menos votos llegó al poder, pero ahora exige más de los que él mismo recibió para que la ciudadanía pueda ejercer el derecho a removerlo. Se trata, sin duda, de un blindaje político disfrazado de tecnicismo jurídico.
La trampa es aún más evidente si se toma en cuenta que mientras Morena y sus aliados trabajan para elevar la valla de participación, el PT y Movimiento Ciudadano han planteado lo contrario: reducir del 10% al 3% las firmas necesarias para iniciar el proceso y simplificar la pregunta en la boleta, actualmente enredada y confusa. Mientras unos buscan facilitar la voz ciudadana, Jara apuesta por ahogarla en requisitos imposibles.
El trasfondo es obvio: el gobernador y su círculo político saben que su gobierno está desgastado y que la inconformidad social ha crecido como no esperaban. Temen que la revocación se convierta en un juicio ciudadano real, y por ello buscan transformar un eventual voto masivo por “que se vaya” en una supuesta “ratificación”, gracias a un truco numérico que invalide la consulta por falta de participación.
Lo que ocurre en Oaxaca es un monumental engaño. Se manipula la ley no para fortalecer la democracia, sino para proteger a un gobernante de la voluntad popular. Elevar la participación mínima convierte a la revocación de mandato en letra muerta, en un derecho imposible, en un adorno constitucional que sólo sirve de escaparate.
Si Morena y sus aliados consuman esta reforma, no solo estarán traicionando el espíritu de la revocación de mandato, sino enterrando la credibilidad en los mecanismos de participación ciudadana. El mensaje sería devastador: en Oaxaca, el pueblo ya no quita, solo ratifica. Y cuando la democracia se convierte en simulación, lo que queda es autoritarismo.

