Policía Estatal enfrenta protestas y señalamientos en Juchitán por abusos, detenciones arbitrarias y presuntos nexos criminales
La ineficacia y la falta de resultados de la Policía Estatal en Juchitán ha generado una fuerte inconformidad ciudadana, especialmente por el actuar del comandante regional Sergio Miguel González Santiago, alias “R3”, a quien señalan por abuso de autoridad, detenciones arbitrarias y vínculos con el crimen organizado que opera impunemente en la región.
En medio del supuesto “Operativo Sable”, que involucra a fuerzas estatales y federales, la violencia no cesa: cinco personas han sido ejecutadas en las últimas 72 horas, mientras extorsiones y cobros de piso continúan ocurriendo en el centro de la ciudad sin consecuencia para los agresores.
El arresto violento de Ignacio “Nacho Rei”, maestro de zumba, desató un bloqueo carretero en la vía Juchitán–Tehuantepec. Vecinos aseguran que fue detenido injustamente por no portar documentos de su motocicleta, y posteriormente agredido física y verbalmente por los agentes estatales.
Habitantes de la Octava Sección Cheguigo intentaron retener una patrulla de la Guardia Nacional en represalia por la detención de Ignacio. Para evitar ser rodeados y linchados, los uniformados dispararon al aire, lo que casi desencadena una tragedia mayor en la zona.
El historial del delegado “R3” incluye múltiples denuncias por fabricación de delitos, abuso de autoridad y presunta colaboración con grupos criminales. Incluso existen videos donde presuntos delincuentes lo mencionan como parte de la estructura delictiva que opera en la región del Istmo de Tehuantepec.
Vecinos aseguran que tanto “R3” como su primo Francisco Santiago, actual comisionado estatal de policía, deben ser investigados por la Fiscalía del Estado por su presunta relación con el crimen organizado. Esta relación alimenta la percepción de que la corporación policiaca está infiltrada y podrida desde los altos mandos hasta los agentes operativos.
Desde que la Policía Estatal asumió la seguridad de Juchitán el pasado 21 de junio, la violencia se ha recrudecido. La policía municipal fue retirada casi en su totalidad, pero los asesinatos, extorsiones y amenazas no han disminuido, según denuncias de comerciantes y pobladores. Eso habla de un mal trabajo en la contención de los delitos.
La ciudadanía también acusa lentitud y desinterés de las fuerzas estatales ante los delitos comunes. En casos de robo, los elementos policiacos llegan hasta dos horas después, y muchas veces sólo para levantar informes, sin buscar responsables ni dar seguimiento a las denuncias.
En Juchitán se acumulan quejas por detenciones arbitrarias, abusos y operativos contra personas sin vínculos criminales. Mientras tanto, los verdaderos líderes delictivos continúan libres, pese a que, según versiones oficiales, han estado “acorralados” en diversas ocasiones sin ser capturados ni enfrentados.
Ante la falta de respuesta institucional y la represión policial, familiares y amigos de Ignacio exigen su liberación y la salida inmediata de la Policía Estatal de Juchitán. En sus palabras, “salió peor el remedio que la enfermedad”, y acusan al gobierno de Salomón Jara de agravar el conflicto.
