Oaxaca, “quinto estado más seguro”, vive una emergencia humanitaria por fosas clandestinas; se normalizan violencia criminal y silencio oficial
Mientras el gobernador Salomón Jara presume que Oaxaca es el quinto estado más seguro del país, la realidad contradice su discurso. En los hechos, la entidad atraviesa una de las crisis más graves de su historia reciente: el crecimiento sostenido del hallazgo de fosas clandestinas en distintas regiones.
Desde el inicio de su administración, en diciembre de 2022, las autoridades han localizado una, dos y hasta tres fosas clandestinas cada mes, un aumento del 250% respecto a gobiernos anteriores, cuando los hallazgos ocurrían uno cada dos meses. La violencia criminal, sobre todo en la Cuenca, el Istmo y los Valles Centrales, no da tregua.
Datos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) indican que entre 2019 y septiembre de 2024 se localizaron 84 fosas clandestinas. De ese total, la Cuenca del Papaloapan concentró 31 y el Istmo de Tehuantepec 26, mientras que los Valles Centrales registraron 11. En esas zonas operan grupos vinculados al crimen organizado.
Durante el periodo enero-septiembre de 2024 se encontraron 15 fosas con 21 cuerpos, la mayoría en la Cuenca, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y bandas locales disputan el control de rutas de trasiego de droga y explotan la extorsión. En tanto, 2025 mantiene la tendencia: cuatro fosas y cinco cuerpos hallados hasta octubre.
El incremento resulta alarmante al comparar cifras sexenales. De 2016 a 2022, bajo los gobiernos de Gabino Cué y Alejandro Murat, se registraron 37 fosas clandestinas. En contraste, entre 2023 y septiembre de 2025 ya suman al menos 30, con 36 cuerpos y restos humanos adicionales, según la Fiscalía estatal.
El promedio anual pasó de seis fosas durante el periodo anterior a más de 22 en la administración de Salomón Jara. Los colectivos de búsqueda y defensores de derechos humanos afirman que esta tendencia refleja tanto el aumento de la violencia como la persistencia de desapariciones forzadas en distintas regiones del estado.
En San Pedro Ixcatlán, por ejemplo, se descubrieron 10 cuerpos en un paraje cercano al basurero municipal. En Santa Cruz Xoxocotlán, las autoridades hallaron bolsas con restos humanos en la colonia Primera Ampliación. Cada hallazgo revela la profundidad del horror y la ausencia de políticas eficaces de seguridad y justicia.
Uno de los descubrimientos más estremecedores ocurrió en Loma Bonita, donde se localizaron tres cuerpos fragmentados y otros dos desmembrados sin cráneo. La Fiscalía atribuyó estos hechos a pugnas entre grupos delictivos que buscan controlar territorios para el tráfico de drogas y el cobro de piso.
A pesar del incremento de hallazgos, la información oficial sigue siendo parcial. Organismos como la Comisión Nacional de Búsqueda y colectivos independientes advierten que muchas fosas no se reportan o las excavaciones quedan inconclusas, lo que oculta la verdadera magnitud del problema en Oaxaca.
El 8 de septiembre de 2025, el gobernador Jara anunció una inversión de 79 millones de pesos para fortalecer la seguridad pública con patrullas y armamento. “No puede haber desarrollo sin paz ni justicia sin instituciones”, dijo. Sin embargo, las cifras contradicen la narrativa de estabilidad que su administración intenta sostener.
Días antes, colectivos de familias de desaparecidos denunciaron la falta de compromiso del gobierno estatal en la búsqueda de personas ausentes. “Las desapariciones no son un espectáculo”, expresó Martha Pablo Cruz, de Oaxaqueños Buscando a los Nuestros, al exigir resultados concretos y no discursos vacíos.
De acuerdo con la Red Lupa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, las desapariciones en Oaxaca aumentaron 81% en los últimos tres años: de 418 casos en 2022 a 760 en 2025. De ellos, 468 corresponden a hombres y 255 a mujeres, aunque muchas familias siguen sin presentar denuncia por miedo.
El fenómeno se agrava con la violencia de género. En lo que va de 2025, se contabilizan 64 mujeres asesinadas, según el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer). Uno de los casos más recientes es el feminicidio de la estudiante del Cobao 35, Diana Laura Espinosa Cordero.
La violencia también alcanzó a instituciones educativas: el 15 de octubre pasado, una profesora de literatura del Cobao plantel 06 fue asesinado en Putla de Guerrero, en la región Mixteca. Estos hechos reflejan un deterioro del tejido social que avanza de la mano del crimen organizado y la impunidad.
Oaxaca no sólo enfrenta una crisis de seguridad, sino una emergencia humanitaria. Las fosas clandestinas no son simples estadísticas, sino la evidencia física de un Estado ausente, incapaz de garantizar justicia ni verdad. Cada fosa hallada representa una familia rota y una autoridad que sigue mirando hacia otro lado.
La llamada “paz oaxaqueña” se sostiene en el silencio de las víctimas y la indiferencia oficial. Mientras el gobierno presume estabilidad, bajo la tierra crece un cementerio invisible que revela la violencia estructural que se pretende ocultar: la de un territorio donde la vida humana perdió su valor.
