#Oaxaca: Jara busca ratificación cuando no ha dado resultados en seguridad pública: 26 ejecuciones en 19 días
En menos de veinte días de enero, Oaxaca acumuló al menos 26 homicidios dolosos, según reportes preliminares oficiales y recuentos periodísticos. La violencia se concentró en jornadas con cuatro y hasta seis asesinatos, evidenciando una crisis sostenida de seguridad pública que desmiente discursos triunfalistas del gobernador Salomón Jara.
Los picos de violencia se registraron en fechas específicas, con hechos letales en distintas regiones del estado. Istmo, Costa, Sierra Sur y Valles Centrales repitieron escenas de sangre, mientras la respuesta institucional ha sido lenta y fragmentada. La percepción ciudadana es que matar a un semejante en Oaxaca sigue siendo un delito con alta probabilidad de impunidad.
La estadística, aunque preliminar —probablemente la cifra sea mayor—, refleja un patrón alarmante. Cada homicidio representa una investigación incompleta y familias sin justicia. La Fiscalía estatal ajusta cifras con el paso de los días, pero la realidad cotidiana no espera dictámenes técnicos. La violencia ocurre, se acumula y deja huellas profundas en comunidades enteras.
Entre las víctimas hay mujeres, lo que subraya la persistencia de la violencia de género en un contexto generalizado de inseguridad. Los nombres se suman a una lista que crece sin que existan políticas eficaces de prevención, atención y sanción. El Estado falla cuando no protege la vida ni castiga a los responsables.
Lejos de concentrarse en resultados, el gobernador Salomón Jara ha intensificado actos y mensajes como si se tratara de una campaña electoral abierta para mantenerse en el cargo, promoviendo una narrativa de continuidad. La millonaria campaña —financiada con dinero cuyo origen no es claro—, contrasta con la ausencia de estrategias públicas de seguridad, coordinación policial efectiva y rendición de cuentas verificable ante la ciudadanía.
Oaxaca arrastra inercias de años previos, con regiones históricamente violentas que concentran homicidios y delitos de alto impacto. Juchitán, la Costa y corredores estratégicos siguen en control de células delictivas de diversos carteles. Cambian los mandos en las corporaciones policiales, pero no las cifras ni las condiciones que permiten la expansión del crimen organizado.
