Oaxaca capital, rehén de la parálisis: segundo lugar nacional en bloqueos, pese a promesas de Jara
De acuerdo con reportes de la Secretaría de Gobernación, Chiapas y Oaxaca encabezan la lista de entidades con mayor número de bloqueos a calles, avenidas y carreteras del país, afectando severamente la movilidad, el comercio y las economías locales, principalmente en zonas urbanas y rutas federales.
Datos oficiales revelan que Oaxaca ocupa el segundo lugar nacional con 416 bloqueos registrados durante 2024 y 240 en lo que va de 2025. Las cifras muestran que aunque el número de bloqueos disminuyó 10% el año pasado, el problema se ha vuelto estructural en la entidad. Ahora, los cierres de calles y carreteras son más prolongados.
Pese a las promesas del gobernador Salomón Jara de erradicar los bloqueos al inicio de su mandato, la realidad a mitad de su administración refleja un fracaso evidente. Las cifras continúan elevadas y afectan diariamente a miles de oaxaqueños que enfrentan pérdidas económicas y dificultades de transporte.
La Secretaría de Gobierno de Oaxaca (SEGO), responsable de mediar conflictos, asegura haber implementado más de mil 500 mesas de diálogo en 2025. Sin embargo, los bloqueos siguen afectando la vida diaria de los oaxaqueños. Los cierres de calles y carreteras se intensifican en meses críticos como febrero y octubre, evidenciando una gestión más reactiva que preventiva.
Las protestas del magisterio, principalmente de la Sección 22 de la CNTE, representan entre 40 y 50 por ciento de los bloqueos. Estas movilizaciones responden a demandas laborales y educativas que el gobierno estatal no ha resuelto eficazmente, afectando tramos federales y avenidas principales de la capital.
Los conflictos agrarios, que abarcan entre 20 y 25 por ciento de los casos, permanecen sin solución de fondo. Las disputas por tierras, muchas en comunidades indígenas, se agravan por megaproyectos y por la falta de aplicación del Convenio 169 de la OIT sobre consulta previa, libre e informada.
Entre 15 y 20 por ciento de los bloqueos derivan de la falta de servicios básicos como agua potable, energía eléctrica o pavimentación. Comunidades marginadas recurren a la protesta ante la omisión gubernamental y las promesas incumplidas desde el sismo de 2017, sin avances sustanciales bajo el actual gobierno.
Las movilizaciones políticas y contra la violencia, aunque representan solo entre 10 y 15 por ciento de los bloqueos, evidencian una creciente inconformidad social. La falta de resultados frente a feminicidios, corrupción y abusos de autoridad mantiene un clima de desconfianza hacia las instituciones.
A nivel nacional, Oaxaca solo es superada por Chiapas, con entre 450 y 500 bloqueos anuales. Esta situación contrasta con entidades como el Estado de México, donde una mejor capacidad de mediación ha permitido reducir las cifras, cuestionando la eficacia de las políticas de la SEGO.
A mitad del sexenio de Salomón Jara, los bloqueos no solo persisten sino que revelan una crisis de gobernabilidad. Las promesas de diálogo y paz social se diluyen frente a conflictos mal atendidos, urgendo una reforma profunda en la Secretaría de Gobierno para evitar que Oaxaca siga estancada en el segundo lugar nacional.
