Morena impone madruguete y revive retroactividad en Ley de Amparo, vulnerando la Constitución y debilitando la justicia mexicana
En una sesión marcada por el sigilo y la falta de transparencia, la Cámara de Diputados federal aprobó en la madrugada de este 15 de octubre las reformas a la Ley de Amparo, reintroduciendo la retroactividad selectiva en juicios en curso. La decisión, impulsada por Morena y sus aliados, fue tomada tras 14 horas de debate agotador y confuso.
La votación ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana, en un recinto semivacío, lo que evidenció la intención de evitar el escrutinio público. La oposición denunció un “madruguete legislativo”, una práctica que contradice los principios de deliberación abierta y deja ver el desprecio del oficialismo por la rendición de cuentas.
El Senado había prometido eliminar la retroactividad por su evidente inconstitucionalidad, pero una reserva presentada por Hugo Eric Flores la reintrodujo disfrazada de norma procesal. Este ardid legislativo traiciona los compromisos asumidos y erosiona la confianza ciudadana en el Congreso como garante de la legalidad y el Estado de derecho.
Con esta reforma, se vulnera abiertamente el artículo 14 constitucional, que prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes en perjuicio de persona alguna. Juristas advierten que la medida deja indefensos a miles de ciudadanos, pues anula suspensiones concedidas y debilita los mecanismos de control frente a los abusos del poder público.
Partidos de oposición calificaron el acto como un “fraude parlamentario” y una “chicanada” jurídica, señalando que favorece al Estado frente a los ciudadanos. Expertos en derecho constitucional coinciden en que la reforma es regresiva, atenta contra tratados internacionales y reduce el alcance del interés legítimo y las suspensiones judiciales.
Las consecuencias son profundas: más de 700 mil amparos podrían verse afectados, muchos promovidos por sectores vulnerables. Mientras se fortalecen los cobros fiscales a grandes deudores, se debilita la protección de los derechos de indígenas, mujeres y pobres. El resultado: un golpe directo al equilibrio democrático y a la justicia en México.
