Liberan a detenidos en Juchitán; Gobierno investigará actuación policial y, también, “cuentas que alentaron protestas”: Jesús Romero
El Gobierno de Oaxaca confirmó la liberación de dos personas cuya detención desencadenó protestas en Juchitán de Zaragoza, luego de determinarse que las conductas atribuidas constituían únicamente faltas administrativas. Ambos fueron canalizados con sus familias, mientras autoridades investigan posibles excesos policiales y, presuntamente, “una presunta coordinación digital” detrás de las movilizaciones.
El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, informó que la Secretaría de Seguridad Pública abrió una investigación interna para revisar el procedimiento de los agentes durante las detenciones. Paralelamente, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca inició una queja de oficio para determinar posibles violaciones a los derechos humanos.
Romero López aseguró que la administración estatal colaborará plenamente con la Defensoría y respetará sus conclusiones, al señalar que cualquier omisión, abuso o conducta indebida deberá corregirse. Sostuvo que revisar y auditar periódicamente a las corporaciones forma parte de las obligaciones gubernamentales, pero pidió evitar juicios anticipados.
El funcionario descartó retirar a las fuerzas de seguridad de Juchitán como consecuencia de las movilizaciones registradas en el municipio. Afirmó que la presencia institucional permanecerá para enfrentar a grupos delictivos relacionados con extorsiones, cobro de piso y homicidios, considerados entre los principales factores de violencia en esa región del Istmo.
En paralelo, autoridades estatales identificaron “una posible operación coordinada” mediante redes sociales para intensificar el conflicto. La Policía Cibernética detectó más de 300 cuentas y perfiles, principalmente anónimos, desde los cuales presuntamente se difundieron llamados a bloquear vialidades, participar en protestas y confrontar a corporaciones policiales.
Romero López señaló que esos hallazgos fueron incorporados a las investigaciones para determinar si existió una estrategia de incitación a la violencia en Juchitán. No obstante, subrayó que la existencia de actividad coordinada en plataformas digitales deberá ser acreditada mediante las indagatorias correspondientes y no mediante señalamientos públicos.
El secretario sostuvo que la violencia que afecta a Juchitán tiene como origen principal a grupos delincuenciales y no al Estado, aunque reconoció la obligación de investigar cualquier abuso policial. Llamó a encauzar las inconformidades por vías legales, recuperar la calma y esperar resultados sobre las actuaciones de las autoridades.
