Ignorando conflictos, gobierno de Jara se hace cómplice y perpetúa en Oaxaca violencia estructural: Plataforma DH

Ignorando conflictos, gobierno de Jara se hace cómplice y perpetúa en Oaxaca violencia estructural: Plataforma DH

A dos años de asumir el cargo, el gobierno de Salomón Jara Cruz enfrenta serias críticas por su falta de compromiso y vocación de servicio.

En las últimas 48 horas, ha sido señalado muy señalado en redes sociales por su omisión y negligencia para resolver conflictos importantes en el estado, lo que ha generado un clima de descontento social y cuestionamientos sobre la capacidad de sus funcionarios.

En dos casos emblemáticos, las autoridades estatales han optado por ignorar los problemas> en lugar de buscar soluciones a través del diálogo, incumpliendo con las responsabilidades que asumieron al tomar sus cargos.

Este desinterés ha llevado a que los conflictos escalen, afectando a diversas comunidades y sectores sociales que, al no ser escuchados, recurren a protestas y bloqueos como último recurso.

Uno de estos casos involucra a comuneros y comuneras de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixes, quienes exigen la restitución de 52 hectáreas despojadas por la comunidad de Tamazulapam del Espíritu Santo.

A pesar de que llevaban más de 24 horas en el plantón frente al Palacio de Gobierno, no recibieron la atención necesaria por parte de las autoridades. Una reunión programada entre ambas partes fue cancelada debido a la ausencia de los representantes de Tamazulapam, evidenciando la falta de interés en resolver el conflicto.

Ahí mismo, Balvina Quero y Paola Martínez iniciaron una huelga de hambre para exigir la restitución de un predio en Santa Cruz Xoxocotlán, despojado por el Frente Popular “14 de Junio”.

Aunque ganaron una denuncia penal hace dos años y un juez ordenó la devolución del terreno, el gobierno estatal se ha mantenido al margen, reflejando una preocupante indiferencia hacia los derechos de las mujeres y la justicia.

La Plataforma de Derechos Humanos denunció que estas omisiones no solo perpetúan la violencia estructural, sino que hacen cómplice al gobierno de Oaxaca al ignorar los problemas frente a su propia sede.

Además, acusa al gabinete de estar más enfocado en organizar eventos como calendas y festividades que en atender los reclamos ciudadanos, particularmente en fechas como el 25 de noviembre, cuando se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Otro ejemplo de la inacción gubernamental es el bloqueo en la carretera Transístmica, en el tramo Salina Cruz-Tehuantepec, realizado por padres de familia de la secundaria “Macedonio Alcalá”.

Este grupo demandó soluciones al conflicto que afecta a la institución desde hace meses, incluyendo la designación de un nuevo director y la recuperación de recursos malversados por exdirectivos. A pesar de llevar 36 horas manifestándose, no fueron atendidos hasta que los reclamos de las empresas transportistas que hacen negocios en el Corredor Interoceánico llegó a las instancias federales.

Los manifestantes señalaron directamente de este desdén al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y a su titular, Emilio Montero, por su falta de sensibilidad política, además de que difundió información falsa en su contra para descalificar la protesta.

Según los denunciantes, Montero respalda a exfuncionarios acusados de corrupción, como Juan Carlos Orozco Matus, quien fue cesado por irregularidades financieras que suman más de 500 mil pesos. Sin embargo, hasta ahora no se ha iniciado ninguna investigación seria en su contra.

Estos incidentes, se denuncia en redes sociales, ponen en evidencia la falta de liderazgo y compromiso del gobierno de Salomón Jara Cruz.

El bloqueo carretero fue atendido por el funcionariado estatal hasta que intervino la Secretaría de Gobernación (Segob), quien urgió al gobierno estatal atender el conflicto que estaba afectando la operación de empresas que participan en el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Mientras tanto, hubo daños a la economía estatal, el descontento ciudadano sigue el aumento, y con ello el descrédito aumenta hacia un gobierno que parece incapaz de atender las necesidades básicas de su población.

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