#Oaxaca: IEEPCO se suma a estrategia de Salomón Jara y convierte revocación en ratificación de mandato ilegal
La presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Elizabeth Sánchez González, y los seis consejeros de ese organismo autónomo, se sumaron a la farsa de la supuesta revocación de mandato del gobernador Salomón Jara, adelantando tiempos y desvirtuando el ejercicio democrático, en una estrategia que convirtió un mecanismo ciudadano de control en ratificación gubernamental.
El IEEPCO ignoró el mandato constitucional que establece que la revocación debe realizarse en el tercer mes posterior al tercer año de gobierno, criterio ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y avaló un calendario adelantado a menos de un mes, favoreciendo los tiempos del Ejecutivo estatal.
Además, el organismo electoral pasó por alto la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, que ordenó desvincular a partidos y organizaciones partidistas del ejercicio ciudadano, permitiendo en los hechos la participación indirecta de Morena y de estructuras gubernamentales, lo que comprometió la imparcialidad y legalidad del proceso electoral.
Pese a esas prohibiciones, la presidenta y los consejeros del IEEPCO validaron más de quinientas mil firmas de las más de setecientas mil recabadas por la agrupación “Que siga la primavera”, integrada por jóvenes militantes de Morena, quienes operaron con apoyo de alcaldes, funcionarios públicos y la estructura oficial estatal.
Estas acciones contravinieron de manera directa la sentencia del TEEO, que prohibía la intervención partidista, y reforzaron la percepción de que el órgano electoral actuó como facilitador de una estrategia gubernamental, en lugar de fungir como árbitro neutral, autónomo y garante de los derechos políticos de la ciudadanía oaxaqueña local.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó dos disposiciones centrales de la reforma a la Ley de Revocación de Mandato de Oaxaca, aprobada en septiembre de 2025, tras acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, al considerar que restringían derechos ciudadanos fundamentales electorales.
Entre lo ordenado por la SCJN se encuentra la restitución del plazo de tres meses para la recolección de firmas y la eliminación del requisito de obtener porcentajes mínimos en cada municipio, al estimar que dichas reglas excedían la Constitución federal y obstaculizaban de forma indebida el acceso ciudadano efectivo.
Como autoridad responsable, el IEEPCO estaba obligado a aplicar las normas restituidas por la Corte; no obstante, aprobó el inicio del proceso de revocación el 24 de diciembre de 2025, con jornada el 25 de enero de 2026, ajustándose a un calendario funcional a los intereses del gobernador estatal.
La diputada local Alejandra García Morlán denunció que el IEEPCO, al acatar los tiempos de Salomón Jara y Morena, está pasando por encima de las resoluciones de la SCJN y del TEEO, prestándose a una elección amañada y violando de manera flagrante la Constitución y el marco legal vigente electoral.
La legisladora advirtió que, ante estas violaciones graves, su partido analiza las acciones legales a seguir, pues el instituto electoral se sometió a los intereses del gobernador, utilizando al aparato gubernamental, a Morena y a la mayoría de alcaldes para convertir la revocación de mandato en ratificación carente legalidad plena.
