Fiscalía de Oaxaca en entredicho: liberan a segundo acusado por desaparición de Claudia Uruchurtu, denuncia su familia
El Poder Judicial de Oaxaca ordenó la liberación de Jhoan Ricardo Matus Marcial, exconsejero jurídico de Asunción Nochixtlán, acusado de la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu Cruz. Esta decisión, emitida el 21 de agosto de 2025, representa un grave retroceso en la búsqueda de justicia, según denuncian los familiares de la víctima, quienes ven en ella una protección política evidente.
La Segunda Sala Penal Colegiada acató una sentencia del Primer Tribunal Colegiado Federal, que desestimó las pruebas presentadas y concluyó que no existían elementos suficientes para sostener la condena. Esta resolución ignora señalamientos directos y evidencia circunstancial admitida previamente, perpetuando la impunidad en casos de desaparición forzada contra funcionarios públicos.
La familia Uruchurtu califica este fallo como “una nueva puñalada a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño”. En uno de los raros casos con sentencias condenatorias contra servidores municipales, esta liberación fortalece la protección a los responsables, vinculados al partido Morena, y debilita la confianza en el sistema judicial.
Esta nueva decisión deja muy mal parada a la Fiscalía de Oaxaca, cuya actuación omisa y negligente ha permitido que pruebas sólidas sean descartadas. La falta de rigor en la investigación y el desahogo de evidencias expone una institución ineficaz, incapaz de proteger a las víctimas y de enfrentar el poder político fáctico.
Este revés judicial abre la puerta del penal al resto de los detenidos por este caso, ya que establece un precedente de insuficiencia probatoria que podría aplicarse a otros implicados. Con dos liberaciones ya confirmadas, la impunidad se extiende, amenazando con desmantelar por completo el proceso contra los responsables de la desaparición.
La presunta autora intelectual del crimen, Lizbeth Victoria Huerta, fue exonerada de cargos por razones políticas, denuncia la familia. Detenida en 2021 y liberada en diciembre de 2024 tras reclasificar su delito a abuso de autoridad, esta decisión evidencia manipulación estatal y cobijo partidista, revictimizando a los afectados.
Las hermanas de Claudia, Elizabeth y Sara Georgina Uruchurtu, cuestionan la independencia del Poder Judicial y la ausencia de garantías para las víctimas. En procedimientos por desaparición forzada, el estándar probatorio exige una valoración diferenciada, que aquí se ignora, revelando negligencia o complicidad de jueces y magistrados.
Durante más de cuatro años, la familia ha luchado por justicia, pero enfrenta un Estado que controla y manipula los poderes a su antojo. Esta liberación no solo echa por tierra investigaciones exhaustivas, sino que confirma la inexistencia de protección real para derechos humanos en México.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el 30 de agosto, las hermanas Uruchurtu vuelven a hacer escuchar su voz desde el Reino Unido: “Aunque la impunidad se imponga, nuestra lucha sigue”.
La familia exige justicia y reparación integral del daño, recordando que la memoria y el amor superan un sistema injusto. “No nos rendiremos”, afirman las familiares, pese a la indiferencia institucional y la complicidad estatal. Seguirán buscando a Claudia en cada rincón, nombrando a los desaparecidos y fortaleciendo su batalla contra un aparato judicial omiso e infame que perpetúa el dolor de miles de víctimas en el país.
