Financiadores de Salomón Jara dejan deudas y exponen a su administración a sanciones por publicidad ilegal
La campaña de ratificación del gobernador Salomón Jara Cruz ha derivado en un escándalo administrativo y financiero. Los supuestos «apoyadores» que contrataron propaganda masiva han incumplido con los pagos a proveedores locales. Este desaseo deja a la administración estatal en una posición vulnerable frente a las autoridades electorales.
En varias ciudades de la región Mixteca, especialmente en Huajuapan y Nochixtlán, la imagen del gobernador luce hoy humillada. Los espectaculares que antes promovían la «primavera» oaxaqueña ahora exhiben vergonzosas leyendas rojas de «Publicidad bloqueada por falta de pago». Los empresarios, cansados de promesas incumplidas, han decidido evidenciar públicamente la morosidad oficial.
La estrategia de los financiadores era cubrir los montos acordados antes de la jornada electoral del 25 de enero. Sin embargo, a solo dos días de la consulta, el dinero en efectivo prometido nunca llegó a las manos de los dueños de los espacios, provocando esta inusual protesta visual.
Este impago no es solo un conflicto entre particulares, sino una prueba de fuego para el Instituto Estatal Electoral. Al ser propaganda considerada ilegal, el IEEPCO ya había ordenado su retiro inmediato. No obstante, la permanencia de estas estructuras con sellos de adeudo facilita la fiscalización de recursos irregulares.
Los ejecutivos comerciales de medios, asfixiados por la falta de pago, amenazan ahora con formalizar denuncias ante el órgano electoral. Esto escalaría el conflicto a un nivel jurídico donde la administración de Jara tendría que explicar el origen y destino de fondos que claramente no fueron fiscalizados.
Las imágenes viralizadas en redes sociales muestran cómo las frases “Que sigan los apoyos al campo” conviven con el estigma del impago. Esta contradicción proyecta una imagen de insolvencia y desorganización que contradice el discurso oficial de transparencia. La propaganda, lejos de ayudar, se convirtió en evidencia delictiva.
Expertos señalan que el uso de recursos públicos o financiamientos opacos para promover la ratificación es una falta grave. El hecho de que los proveedores bloqueen los anuncios sugiere que el flujo de efectivo se interrumpió, posiblemente por el temor de los patrocinadores a ser rastreados por la autoridad.
Así, la administración de Salomón Jara enfrenta un cierre de proceso manchado por el descrédito y la ilegalidad. Lo que pretendía ser una fiesta democrática de ratificación, hoy es un desfile de deudas expuestas en las carreteras. El costo político y legal de esta publicidad «gratuita» será sumamente alto.
