Exhiben red de corrupción de empresa con verificentros en Oaxaca capital y Santa Lucía; Semaedeso, involucrada
Una red de corrupción y favoritismo en el gobierno de Oaxaca ha sido expuesta en redes sociales, donde un grupo empresarial de Ciudad de México ha evadido la ley, apropiándose de más de un millón de pesos del erario público, según denuncia pública. Esta situación ha generado indignación entre la ciudadanía, que exige una investigación y sanciones contra los responsables.
La Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso) ha sido señalada por permitir que varias empresas con domicilios fantasma operen sin cumplir con los requisitos legales, afectando tanto a los ciudadanos como al medio ambiente. Los internautas han expresado su malestar ante lo que consideran una clara muestra de corrupción en la administración de Salomón Jara Cruz.
En el centro de este escándalo se encuentra la empresa Grupo Sustentable Ecológico Oaxaca S.A. de C.V., que fue favorecida en dos ocasiones para operar el centro de verificación CVV-01 en Santa Lucía del Camino, sin haber cumplido con los pagos de autorización requeridos. A pesar de las irregularidades, la empresa continuó recibiendo beneficios por parte de la Semaedeso.
De acuerdo con las normativas de las convocatorias de 2020 y 2021, la empresa tenía la obligación de realizar los pagos correspondientes antes del 20 de febrero de 2020, algo que nunca sucedió. Sin embargo, la Semaedeso otorgó repetidas prórrogas de manera injustificada, permitiendo que la empresa continuara operando sin cumplir con la ley.
El colmo llegó cuando la última prórroga fue otorgada el 31 de enero de 2022, a pesar de que los plazos habían vencido desde mucho antes. En lugar de revocar la autorización, como lo establecen las bases de participación, la Semaedeso aceptó un comprobante de pago de la convocatoria de 2020 como si fuera válido para 2021, lo que ha sido calificado como un acto de fraude descarado.
La complicidad del gobierno oaxaqueño no se limitó a esta empresa. Otras 14 autorizaciones fueron otorgadas a compañías del mismo grupo empresarial, entre ellas Control Ambiental La Guelaguetza S.A. de C.V. y Verificación Medioambiental Juchitán S.A. de C.V. Todas ellas han operado sin cumplir con los requisitos legales, emitiendo comprobantes de verificación vehicular sin validez jurídica, lo que representa un robo a la ciudadanía.
Las y los oaxaqueños son las principales víctimas de este esquema de corrupción. Muchos propietarios de vehículos, creyendo que cumplían con la normativa ambiental, han sido engañados y ahora se enfrentan a posibles sanciones por parte de las autoridades federales. Además, este fraude pone en riesgo la eficacia del programa de verificación vehicular, que el gobierno de Oaxaca pretende hacer obligatorio a partir del próximo año.
Ante semejante fraude, resulta urgente la intervención de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública para que suspenda las operaciones de estas empresas fraudulentas, y terminen con estas autorizaciones ilegales. La ciudadanía exige transparencia y justicia, y que no se toleraren más actos de corrupción que perjudiquen tanto al medio ambiente como al bienestar de la población.
