En 6 años, 252 atentados contra activistas de derechos humanos y del territorio; 58 ocurrieron en Oaxaca: Educa

En los últimos seis años, México ha enfrentado una crisis de violencia contra personas defensoras de derechos humanos y del territorio, con 252 atentados registrados desde 2018 hasta octubre de 2024. Servicios para una Educación Alternativa (Educa), organización dedicada a monitorear estas agresiones, destacó que 58 de estos ataques ocurrieron en Oaxaca, uno de los estados con mayor riesgo para los activistas.

El informe, titulado “Todos sus nombres, Todas sus luchas”, fue presentado por Educa en el contexto del Día de Muertos, en homenaje a las víctimas de esta lucha. El estudio documenta graves agresiones, incluyendo homicidios, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, y busca llamar la atención del Estado y de la ciudadanía sobre los desafíos de seguridad a los que se enfrentan quienes defienden los derechos humanos en el país.

Entre los hallazgos del informe se detalla que de los 252 atentados, 225 fueron asesinatos y 27 desapariciones. La mayoría de las personas asesinadas defendían causas relacionadas con la tierra y el medio ambiente (94 casos) y derechos civiles y políticos (85 casos). Estos sectores representan el 80% de los asesinatos registrados, revelando la peligrosidad de estas luchas en México.

Educa subraya el Sur-Sureste de México como la región más peligrosa para los activistas, especialmente en Oaxaca, que lidera con 58 asesinatos, seguido de Guerrero con 39 y Chiapas con 17. Esta zona representa el 51% de los homicidios contra defensores en todo el país, destacando la alta conflictividad y riesgos para quienes luchan en defensa de sus comunidades.

Otro aspecto preocupante del informe es la violencia y discriminación que enfrentan los defensores indígenas y campesinos, quienes constituyen el 62% de las víctimas mortales. El racismo estructural y la exclusión son factores que agravan la vulnerabilidad de estos activistas. De los 225 asesinados, 140 eran indígenas y una persona afromexicana, lo que refleja un entorno de violencia vinculado a su identidad cultural y territorial.

El informe también pone en evidencia la violencia de género y la transfobia, señalando que el 20% de los ataques afectaron a mujeres y personas de la diversidad sexual. De los 252 atentados, 39 fueron contra mujeres y 11 contra personas de la diversidad sexual. En un contexto donde el 66% de los ataques señalan la presunta responsabilidad de autoridades locales o poderes fácticos, se observa un alarmante nivel de impunidad.

La desaparición forzada continúa siendo utilizada como método de intimidación, con 51 activistas desaparecidos en este periodo. De estos casos, solo el 8% ha resultado en la localización con vida de las víctimas, mientras que 23 personas siguen desaparecidas. Estados como Sonora y Oaxaca presentan cifras preocupantes en desapariciones, siendo los yaquis y mixtecos los más afectados.

Educa denuncia una estrategia fallida de seguridad en el país, reflejada en el debilitamiento de las instancias de protección y en la cultura de impunidad. A diferencia de sexenios anteriores, la violencia parece estar desplazándose hacia el ámbito local, donde grupos de poder se aprovechan de la inacción estatal. Este ambiente de inseguridad contribuye a que muchos casos de agresiones permanezcan en el olvido.

Finalmente, Educa enfatizó que las cifras presentadas podrían aumentar, pues muchas agresiones no llegan a ser denunciadas o documentadas. En el marco de la campaña “Alas y Raíces del Movimiento Social en Oaxaca”, la organización se comprometió a seguir monitoreando estos casos, además de apoyar a las comunidades que resisten frente a este complejo panorama de violencia.