CONTRAFUEGO … “La derecha troglodita contra la IP” por Aurelio Ramos Méndez

Movería a risa, si no fuera en extremo peligrosa la desesperación de la derecha más recalcitrante, colérica porque el sector privado observó ecuanimidad y no embistió al gobierno tras la recuperación por éste de un diminuto tramo ferroviario concesionado a Grupo México.

Obnubilada por el despecho, llegó al grado de decir –por medio de prominentes miembros de la comentocracia– que con su mesura las cúpulas de la IP exhibieron su dependencia de las rentas que con discrecionalidad les da el gobierno. 

Y, en el punto más alto de la exasperación, que con sus acciones Amlo lleva a los mexicanos hacia el socialismo, con una élite de ricos que comen de la mano del gobierno.

Los voceros oficiosos de la ultraderecha dieron la medida del desasosiego que embarga a los adversarios de la 4T; pero, asimismo, del riesgo que entraña la desesperanza, la certeza de que se aleja la posibilidad de su retorno al poder por las buenas.

El desengaño entre los representantes de la referida expresión de radicalismo político debe ser inmenso. Lo que denominan ataques a la propiedad privada se da en momentos en que pesos pesados del sector empresarial apuestan por México.

El más reciente ejemplo, Carlos Slim anunció la adquisición por Grupo Carso de 49.9 por ciento de la subsidiaria mexicana de la gringa Talos Energy por 124 millones 750 mil dólares.

Inmenso desengaño, además, porque incluso el directo afectado por la dizque acción expropiadora del gobierno en Ferrosur los dejó colgados de la brocha.

Sólo horas después de la incursión en aquella empresa de marinos encargados de salvaguardar la seguridad, el mandamás de Grupo México, Germán Larrea, filtró a Forbes su disposición de proseguir las negociaciones que sostenía para adquirir Banamex.

“El proceso continúa su curso y hasta el momento no hay ninguna otra señal”, le dijeron en la empresa a la revista especializada en negocios y finanzas. 

El trato por Banamex fue finalmente malogrado en su propia ruta, por decisión del vendedor, pero ese es otro cuento. Antes de eso, comentaristas hubo que aparecieron más larreístas que Larrea. 

Un sistemático y obcecado crítico de la 4T llegó al punto de defender en los siguientes términos al segundo hombre más rico de México, poseedor de una fortuna claramente amasada a la sombra del poder público:

“Germán Larrea nunca utilizaría la palabra traición para describir la expropiación de los patios y tres tramos de ferrocarril operados por Ferrosur (…) pero eso es lo que sucedió”.

Se refirió de ese modo al hecho de que la acción del gobierno ocurrió en plenas negociaciones sobre la devolución del tramo ferroviario en cuestión. Ocultó convenientemente este agudo analista que el detonante de la ocupación oficial fue una descarada extorsión.

De acuerdo con aseveraciones públicas no desmentidas del Presidente, Larrea le exigió al Estado la friolera de ¡9.5 mil millones de dólares!, dinero que de haber sido entregado hubiera tenido que salir del erario. O sea, dinero del pueblo para comprar un bien del pueblo.

Otros muchos opinadores mintieron desembozadamente y confundieron propiedad con posesión.

Hicieron aparecer el tramo intervenido, de 124 kilómetros, no como lo que es, patrimonio de todos los mexicanos concesionado a un particular, sino como entera propiedad de éste.

En todo caso, la expropiación por razones de utilidad pública –a decir de expertos en la materia— figura prácticamente en todas las legislaciones del mundo.

Y en México ha sido utilizada por todos los gobiernos, de todos los signos partidistas.

Mediante la expropiación de predios se construyó el Metro y se trazaron los ejes viales en la capital del país, y se erigió la barda que Calderón le vendió a la nación como una moderna refinería.

Y la expropiación de tierras a precio de despojo por Vicente Fox causó la oposición masiva de mexiquenses, machete en mano, en contra del aeropuerto en San Salvador Atenco.

Tal como la expropiación de predios a razón de centavos por metro cuadrado hizo factible el desarrollo turístico de Bahías de Huatulco, o el arranque de la construcción del aeropuerto de Texcoco…

Más que justificadas son las razones de utilidad pública para la revocación de la concesión de Ferrosur. 

Está por verse, sin embargo, si un Poder Judicial conchabado por la derecha tendrá la ética indispensable para admitir argumentos fincados menos en las finanzas que en el patriotismo.

Los estratégicos 124 kilómetros en el último tramo del corredor del Istmo para alcanzar Coatzacoalcos desde Salina Cruz, representan una mínima parte de los 11,131 kilómetros de vías férreas concesionadas a Larrea por Ernesto Zedillo.

Por arte de birlibirloque el billetudo obtuvo tal concesión, pues se trata de una franja sin la cual nomás no existe control del Estado ni integración operativa en un territorio –el Istmo de Tehuantepec– históricamente catalogado con toda razón de seguridad nacional.

Lo dicho: mueven a risa los voceros de la ultraderecha, que han perdido todas las formas y están convencidos de que López Obrador, con sus acciones y ¡a dieciséis meses de concluir el sexenio!, lleva a México hacia un socialismo retrógrado, despótico y empobrecedor.

En el más extravagante de los delirios, frustrados porque el empresariado, único –según sus diagnósticos—que puede parar la carrera hacia el socialismo, ya no responde a sus consejas, arremeten no sólo contra la izquierda y el gobierno y sus aliados, sino aun contra sus correligionarios y compañeros de clase y de aventura.

Es menester estar atentos para ver de qué son capaces y hasta dónde están dispuestos a llegar en su atolondramiento estos ultras esquizofrénicos. Cuidado.

BRASAS

Que la desesperación ha empezado a trastornar de manera supremamente peligrosa a la derecha es algo que se pudo constatar este domingo, cuando millares de manifestantes atacaron con violencia un plantón frente a la Corte.

En modo alguno se trató de un hecho espontáneo. No se salió de madre una marcha, iban a provocar y golpear. La agresión fue cantada tres días antes desde columnas de prensa.

En uno de los textos periodísticos la violenta arremetida fue envuelta en los eufemismos de “visitas”, “personas que defienden al máximo tribunal”. Falso.

Consistió, sin atenuantes, en una embestida claramente maquinada en contra de –según voceros de la oposición—porros cuya encomienda es atacar al Poder Judicial, apostaron a las puertas de la SCJN.

Si sólo en gracia de discusión se aceptase que el plantón era de porros y malandrines, ¿les daba eso derecho a los “defensores” de la Corte de asaltar el campamento, tundirlos a golpes, destruir sus casas de campaña y echarlos a empellones?

Nada de eso. Fue, por donde se mire, un inadmisible acto de violencia, bien planeado y mejor financiado. 

De hecho, el texto periodístico en que se anticipó el golpe fue titulado “violencia política, el siguiente paso”.

Plantones, mítines, sentadas y hasta pijamadas en el Congreso se han realizado históricamente por millares en el país, sin que sus integrantes –de las más disímbolas ideologías– hayan sido agredidos por otros manifestantes.

Hasta ahora se respetó el derecho –abusivo, si se quiere—de quienes recurren a estas formas de manifestación y eran primeros en ocupar un espacio determinado.

Esta vez, los sedicentes defensores de la Corte, en cuyas filas marcharon Margarita Zavala y José Ángel Gurría, entre otros oportunistas, rompieron tal tradición pacífica y democrática.

Y, de paso, hicieron polvo el principio físico de la impenetrabilidad de los cuerpos, según el cual el espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro cuerpo a la vez.

No ignoraban los “defensores” de la Corte que la plazoleta y la escalinata a la entrada del máximo tribunal estaban ocupadas y era físicamente imposible que ellos las ocupasen al mismo tiempo. 

Se trato de una agresión artera, signo de que la derecha troglodita ha decidido empuñar el garrote.

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Cuatro millones de oaxaqueños sufren los efectos de la politiquería más nauseabunda. La CNTE ya reanudó su activismo de a tanto el mitin.

De la manera más infame, esta organización ha privado de educación a un millón 300 mil niños y jóvenes, que ya cumplieron una semana sin clases.

Y vienen más paros de labores, disturbios, quemas de inmuebles y vehículos. Más bloqueos de carreteras, calles, aeropuertos, plazas comerciales, centrales camioneras, ciudades estranguladas… Graves trastornos a la vida cotidiana.

Tal como ha sido –para vergüenza de la sociedad que lo ha consentido– durante casi medio siglo.

La agitación ahora es por cuenta del exgobernador Alejandro Murat Hinojosa, integrante de un nefasto cacicazgo que ha lucrado por décadas en la política.

El actual mandatario, Salomón Jara, lo llamó la semana pasada “El titiritero” y desenmascaró sus maniobras encaminadas a desestabilizar el gobierno.

Despojó del antifaz a Murat y mercenarios de la CNTE que se alquilan para agitar, sin importarles perjudicar a todos los oaxaqueños.

Líderes que por dinero, prebendas y puestos burocráticos o políticos –candidaturas a diputados, senadores, presidencias municipales y otros cargos de elección popular— desquician la cotidianidad, retrasan el desarrollo, perpetúan el rezago social.

Jara hizo su denuncia de manera pública, con nombres y apellidos, y con loable responsabilidad política y valor personal. Merece reconocimiento y respaldo sin mezquinades.

Cabe, no obstante, la exigencia de ir más allá de las palabras que se lleva el viento.

De un gobernante se esperan no sólo señalamientos de las lacras sociales, sino que actúe para combatirlas.

Y, de los ciudadanos, que su participación en la vida pública no se agote en votar y quejarse y lamentarse por el deplorable estado de cosas imperante.

Con datos y detalles, Jara reveló el podridero en que está convertida la sección 22 del SNTE. 

Dijo que en la anterior gestión sindical los dirigentes Eloy López Hernández, Genaro Martínez, Alfredo González El Chalca e Iram Santiago, le vendieron gobernabilidad a Murat y pactaron la continuidad de sus privilegios. 

Desmovilizaron la CNTE y a cambio ellos y los suyos cobraban doble, mientras le ocultaban a la base que recibían 11.5 millones de pesos mensuales, producto de recuperación del Impuesto sobre la Renta.

Por esta vía y con ayuda de la facturera Consulta Actuario se embolsaron unos 75 millones de pesos, en tanto que los maestros rasos veían mermar sus ingresos.

Por el mandatario ya sabemos lo que ocurrió. Se agradece. Resta ver la aplicación de la ley, sancionar las trapacerías y hacer justicia.

Se necesita para ello la voluntad del gobierno; pero, también, respaldo del electorado que lo llevó al poder.

No tendrá derecho de quejarse quien se abstenga de exigirle a Jara actuar con energía; pero menos aun quien le regatee apoyo ante los poderosos intereses que confronta.

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Sólo un milagro o la aplicación a fondo del robustecido mapachaje, otrora exclusivamente priista y hoy tripartita, podrán evitar el domingo próximo la derrota del membrete Va por México en la elección de gobernador del Estado de México.

Cabe, no obstante, una opción extrema del referido rótulo para tratar de impedir la inminente victoria de Morena, anticipada por la totalidad de mediciones levantadas en los últimos tres años: reventar los comicios.

Rasgo de inquietante violencia que, a la luz de los hechos, ya está en la estrategia “política” de la oposición. 

En el cotejo en las urnas el domingo 4, en Edomex y Coahuila, las fuerzas en contienda se jugarán por diferentes razones el todo por el todo.

Estará en disputa la entidad con el padrón más numeroso del país, alrededor de 13 millones electores, lo que para Morena implicará la oportunidad de posicionarse a la cabeza y hasta un punto ya inamovible rumbo al 2024.

Y, para el PRI, la posibilidad no de volver a acariciar el sueño de regresar por sus fueros –como ocurrió en 2012–, pero sí al menos de prolongar su agonía.

Largor éste del lapso de expiración que para la dirigencia priista podría significar la manera más llevadera –huesos burocráticos, escaños y curules, financiamiento público, acceso a presupuestos estatales— de avanzar hacia la inexorable sepultura del otrora partidazo.

Del PAN, que en apariencia constituye hoy el principal partido de la oposición, hay poco que decir. 

De la fuerza indiscutible que tuvo en Edomex –no sólo en el Corredor Azul, sino en otros regiones–, a finales del siglo pasado, en la actualidad está al nivel del sinarquista partido del gallito, el PDM.

En la remota eventualidad de un triunfo de ese garapiñado partidista cocinado por Claudio X., los panistas podrán salir a festejar, pero lo hará como esos jugadores que brincan y hacen dengues celebrando goles en cuya concreción nada tuvieron que ver.

En ninguna de las dos entidades donde habrá votaciones el blanquiazul representa algo digno de tomarse en cuenta. En Coahuila la batalla está siendo librada por el cacicazgo de los Moreira.

Y del PRD… bueno, seamos serios, dejemos en paz a los zombis… 

Los ojos del país estarán puestos en lo que suceda en los pagos de Alfredo del Mazo, quien sería el verdadero ganador en el improbable caso de un triunfo opositor. Por derecho propio se colocaría entre los presidenciables.

Así las cosas, el gobernador debe ser el más interesado en impedir que manadas de mapaches enturbien el proceso, o peor aún que hordas de mercenarios malogren la jornada cívica.

RESCOLDOS

La tortuga diciéndole conchudo al armadillo. Tal fue la imagen que sí misma proyectó Lilly Téllez al agotar todo un catálogo de descalificaciones a Santiago Creel, en el programa de Brozo, en Latinus. Le dijo carente de liderazgo, sin contacto con los ciudadanos, incompetente, desconectado de los sentimientos de la gente, con muchos puntos negativos, entre otras lindezas. Así andan los panistas, pocos y a la greña…

aurelio.contrafuego@gmail.com

 

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