Continúan los abusos de Juan Carlos García Márquez, alcalde Santa Lucía del Camino; ahora con la basura
La reciente imposición de una multa de 15 mil pesos por arrojar basura en las calles del municipio de Santa Lucía del Camino ha generado un fuerte descontento entre la ciudadanía. Además del impacto económico que representa para los habitantes, el monto impuesto por el alcalde Juan Carlos García Márquez no cuenta con la autorización del Congreso, lo que ha provocado cuestionamientos sobre su legalidad.
A pesar de las advertencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los ayuntamientos de Oaxaca eviten cobros indebidos y abusos contra la ciudadanía, el presidente municipal ha reiterado que la sanción será aplicada sin importar la inconformidad de los gobernados. Esta postura ha intensificado la controversia y ha generado preocupación entre los afectados.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, fue cuestionado sobre la legalidad de la medida y, aunque en un principio dudó de su existencia, finalmente terminó respaldándola. Su postura ha sido interpretada por algunos sectores como una falta de control sobre las decisiones de los municipios y una omisión en la protección de los derechos de la ciudadanía.
Por su parte, el diputado local morenista Oliver López García negó que el Congreso de Oaxaca haya aprobado una sanción de ese monto. Según afirmó, el tema ha sido revisado para evitar abusos y, tras la pregunta realizada en la conferencia matutina del Ejecutivo estatal, se confirmó que no existe ninguna multa de esa magnitud en la normativa vigente.
Más allá del conflicto político y las declaraciones contradictorias, esta medida podría ser inconstitucional, ya que no está autorizada por la Cámara de Diputados y no cumple con los principios de proporcionalidad y legalidad, esenciales en materia de sanciones administrativas. De confirmarse su irregularidad, las multas impuestas podrían ser impugnadas legalmente.
El alcalde Juan Carlos García Márquez ha sido señalado en reiteradas ocasiones por presuntos abusos de autoridad, sin que hasta el momento haya consecuencias legales en su contra. Ni el gobernador Salomón Jara ni el Congreso local han tomado medidas para investigarlo, e incluso la Fiscalía de Oaxaca ha guardado silencio, a pesar de su responsabilidad en el caso del joven universitario Diego Ignacio Paz, quien fue ejecutado extrajudicialmente por la policía municipal en un operativo de alcoholímetro el año pasado.
