Continúa operando el «cártel del despojo»; acumula 200 denuncias

Continúa operando el «cártel del despojo»; acumula 200 denuncias

Una red de notarios públicos, funcionarios estatales y federales conocidos como el “Cartel del Despojo”, sigue acumulando denuncias por quedarse con propiedades privadas que o están en litigio o abandonadas en los Valles Centrales de Oaxaca.

En el cártel del despojo figuran servidores públicos del Registro Civil, del Registro Público de la Propiedad, del Instituto Catastral del estado de Oaxaca y al menos seis notarios públicos, quienes se han adueñado ilegalmente de propiedades mediante operaciones bajo sospecha.

En las acusaciones aparecen los nombres de los notarios públicos Rafael Avilés Álvarez (133), hermano de Alejandro Avilés, quien fue el candidato del PRI-PRD a la gubernatura de Oaxaca en la pasada elección; Alejandro Vidaña Luna (106), Jorge Merlo Gómez (135), Omar Abacuc Sánchez Heras (38), Arturo David Vásquez Urdiales (100) y José Jorge Enrique Zarate Ramírez (84).

A ellos se les señala por robar identidades, “matar” legalmente y revivir muertos para concretar los despojos.

Sobre este grupo delictivo, hay 200 denuncias pero, hasta el momento, la autoridad no ha detenido a ninguna persona y sólo han removido de sus cargos a integrantes de dicha red criminal para entregarles notarías.

El de los hermanos Herbé, Caleb y Ashmar de apellidos Gómez Conzatti y Martínez a quienes les fueron borradas sus identidades y suplantadas por otras que ya han sido dictaminadas falsas por la fiscalía general de la República, para que no pudieran acreditar su personalidad ni la titularidad de 2 inmuebles en el Centro Histórico de la capital del estado, de los cuales son copropietarios por donación hecha en vida ante notario público, por su padre Víctor Manuel Gómez ConzattI fue el primer caso.

Estos inmuebles se encuentran inscritos en el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (IFREO) quien, después de que en noviembre de 2020 se presentaran fallas en el sistema, afectando únicamente los inmuebles donde los hermanos Gómez Conzatti son copropietarios, el cual ya reconoció que desde 2012 constan en su sistema las escrituras de donación a favor de los señores Herbé, Caleb y Ashmar de apellidos Gómez Conzatti y Martínez.

Sin embargo, también en el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca (ICEO), cuyo director era Jorge Armando Zárate Medina desaparecieron los expedientes de esos mismos 2 inmuebles de los que los hermanos Gómez Conzatti son copropietarios, informando que los agraviados no tenían ningún inmueble y que supuestamente en 2011 fueron inscritas compraventas a favor del notario público Jorge Alberto Merlo Gómez y Elizabeth Shamosh Gómez, con escrituras del notario 106, Alejandro José Vidaña Luna.

Aunque después se comprobó que el último movimiento no fue en 2011 sino en enero de 2021 y que el jefe de la Unidad Jurídica del ICEO, José Antonio Lara Rodríguez, declaró en falsedad ante la FGEO Oaxaca con información que no consta en el sistema ni en archivos de dicho Instituto.

Cabe mencionar que José Antonio Lara quiso obligar a declarar falsamente a los trabajadores del archivo del ICEO y estos al negarse fueron despedidos injustificadamente.

Jorge Alberto Merlo Gómez es el responsable de la Notaría 135 de Nochixtlán, Oaxaca; fue director del Registro Público de la Propiedad de Oaxaca en 2004.En el caso de los hermanos Gómez Conzatti y Martínez fueron comprobadas la suplantación de identidad, la falsedad de claves únicas de registro de población, la alteración de la base nacional, el fraude inmobiliario y las falsedades de informes ante Juzgados de Distrito.

Se pudo comprobar gracias a documentos que fueron solicitados al INE en donde se resguardan archivos con documentos personales de los ciudadanos cuando solicitan su credencial de elector y el propio Registro Nacional de Población.

Sin embargo, a más de un año el delegado de la FGR, Jaime Porfirio García Belio, sigue sin ejercer acción penal por los delitos federales de incumplimiento de la suspensión dictada por el juez de Distrito de Oaxaca en el amparo 575/2020, falsedad de informes, uso de documentos falsos, etcétera.

Los afectados han criticado la inacción del fiscal general de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, quien, ante el cúmulo de datos de prueba aportados por las víctimas en las carpetas de investigación, desde agosto de 2021 a la fecha, ha sido omiso en liberar el dictamen de 2 firmas cuestionadas de falsas y según las cuales el notari 135, Jorge Merlo Gómez, adquirió los inmuebles despojados a los hermanos Gómez Conzatti.

Sobra decir que en estos supuestos ilícitos están inmiscuidos el Registro Civil, IFREO, ICEO, y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca para ocultar el origen ilícito de bienes de naturaleza inmobiliaria que se despojan en la entidad oaxaqueña.

Otro caso de escándalo es lo ocurrido el pasado 2 de julio de 2020, cuando se dio a conocer que el Registro Civil dio muerte legal a mil 13 comuneros mixtecos de Santo Domingo Ixcatlán, Oaxaca, para despojarlos de sus tierras presuntamente confabulados con el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, entre ellos declararon fallecidos y sepultados a 22 beneficiarios de la medida cautelar MC-113-08 concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los cuales se encuentran con vida.

Además, señala el documento, existen otros casos en los que los ciudadanos han sido víctimas de notarios como el fedatario número 106 de Cosolapa, Héctor Alejandro Vidaña Luna; 135, Jorge Merlo Gómez; 100, Arturo David Vásquez Urdiales; 84, Jorge Zárate Ramírez; 38, Omar Abacuc Sánchez Heras, etcétera, a quienes las víctimas no han podido denunciar o simplemente la Fiscalía ha hecho caso omiso a las denuncias de falsificación de firmas, simulación de ventas, ante fechados de actas notariales, otorgamientos falsos de poderes, etcétera.

Resalta un tercer caso de un supuesto poder otorgado en la ciudad de Oaxaca por la señora María de Monserrat Chávez López ante el notario 38, Omar Abacuc Sánchez Heras, el 25 de agosto de 2011, mediante el cual fue vendido un terreno de su propiedad en el municipio de Huajolotitlán, Huajuapan de León, a Daniel Lenin Chávez López, despojando de esta manera a su cónyuge y copropietario supérstite Alfonso Corro Sánchez.

Sin embargo, en esa fecha la poderdante se encontraba medicamente imposibilitada para otorgar dicho poder debido a la metástasis por cáncer terminal, falleciendo el 27 de ese mismo mes y año.

El mismo notario 38 también fue quien formalizó en 2004 una doble venta de terrenos situados en Cuilapam de Guerrero, despojando con ello a los pobladores y descendientes que habían adquirido desde 1951, terrenos que posteriormente fueron hipotecados y fue el mismo esquema de alteración de registros públicos y falsificación de escrituras, defraudando en aquella ocasión al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Otro escándalo también se ha producido en Oaxaca a partir de la muerte del doctor Gerardo Ricárdez Bernardino, a cuya viuda intentan despojar de siete terrenos, mismos que presuntamente fueron vendidos a precios irrisorios ante la fe del notario 84, Jorge Zárate Ramírez, a diversas personas.

El último caso ventilado públicamente es el del señor René Jarquín Gordillo, a quienes dos de sus hijos René y Herminio Jarquín Flores despojaron de una propiedad de 3 mil metros cuadrados en San Raymundo Jalpan con la presunta ayuda del notario 100, Arturo Vásquez Urdiales, quien habría dado fe de una supuesta compra venta de una persona que falleció hace 32 años; así como el director del IFREO, Gilberto Gamboa y el ex director del ICEO, Jorge Zárate.

 

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