Con cámaras, el «Comandante Viento» tenía vigilada la ciudad de Juchitán; el Ejército desmanteló su «mini C5»
El crimen organizado tenía bajo vigilancia la ciudad de Juchitán a través de un sistema de cámaras clandestinas instaladas en diversos puntos estratégicos. Estos dispositivos, utilizados para el monitoreo ilegal de la población, estaban ubicados en la vía pública, gasolineras y otros lugares de interés para los delincuentes. Actualmente, el Ejército Mexicano se encuentra retirando estas cámaras, en un esfuerzo por desmantelar la red de vigilancia criminal.
Fuentes federales informaron que las cámaras fueron colocadas con el propósito de vigilar tanto a los habitantes de Juchitán como a personas ajenas a la comunidad que ingresaban a la ciudad. La instalación de estos equipos formaba parte de una estrategia del crimen organizado para mantener el control sobre el territorio y sus actividades ilícitas.
Un centro de monitoreo clandestino, equipado con múltiples cámaras, fue descubierto en el rancho de La Venta, una agencia de Juchitán que recientemente fue cateada por fuerzas federales. En este operativo fueron detenidas nueve personas que presuntamente trabajaban para el “Comandante Viento”, un individuo señalado en narcomantas como integrante del círculo de Antonino Morales Toledo, exsecretario de Administración del gobernador Salomón Jara y actual senador de la República por Morena.
Desde este pequeño “C5” clandestino, el “Comandante Viento” supervisaba los movimientos dentro del municipio, registraba quién entraba y salía de Juchitán, y vigilaba especialmente a personas foráneas que se detenían a cargar combustible en las estaciones de servicio de la zona. Esta red de videovigilancia le permitía a la organización criminal reaccionar ante cualquier situación que consideraran una amenaza para sus operaciones.
Las autoridades informaron que varias de estas cámaras fueron instaladas en gasolineras con la autorización de sus propietarios, aunque su uso era ilegal. Por ello, el Ejército y la Guardia Nacional han tomado cartas en el asunto y están retirando los dispositivos. “Lo que sabemos es que en algunas gasolineras instalaron cámaras, de lo que ya tomó nota el Ejército y la Guardia Nacional. Tenían permisos de los propios dueños, pero se están retirando porque la vigilancia que realizan es ilegal”, señaló una fuente federal.
Se presume que estas actividades contaban con la tolerancia de la Policía Municipal o incluso de otras autoridades locales, ya que nunca se reportó la existencia de estas cámaras a las instancias federales. La falta de acción por parte de las corporaciones locales genera dudas sobre su posible complicidad o, al menos, sobre su omisión frente a la expansión del crimen organizado en la zona.
El operativo en el rancho de La Venta, donde se descubrió el centro de monitoreo, fue llevado a cabo hace siete días por la Fiscalía General de Oaxaca, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y la Policía Estatal. Durante el cateo, se aseguraron armas largas y cortas, cargadores con municiones, drogas y hasta dos animales exóticos. Las investigaciones siguen en curso para determinar el alcance de la red de videovigilancia y la posible implicación de más personas en estas actividades ilícitas.
