A un año del asesinato de Diego Paz, persiste impunidad y encubrimiento oficial en Oaxaca: Código DH
A un año del asesinato del estudiante universitario Diego Ignacio Paz, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH) denunció la impunidad que prevalece en el caso y exigió a la Fiscalía de Oaxaca procesar a los responsables políticos y policiales de esta ejecución extrajudicial ocurrida en Santa Lucía del Camino.
La organización señaló que ni la Fiscalía General del Estado ni la Fiscalía Anticorrupción han actuado contra el presidente municipal Juan Carlos García Márquez, el síndico ni los mandos de la Policía Municipal, a pesar de las omisiones, encubrimientos y evidencias que los vinculan con el asesinato del joven.
Código DH urgió a las autoridades estatales a regular los operativos policiales de control vehicular, como los alcoholímetros, donde se cometen abusos graves. Recordó que Diego Ignacio Paz fue asesinado por policías municipales durante uno de estos operativos en agosto de 2024, sin motivo alguno ni indicios de que estuviera ebrio o drogado.
El organismo subrayó que la recomendación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca confirma que Diego fue torturado antes de morir y que su compañero, también estudiante, sufrió detención arbitraria y tortura. Aun así, ninguna autoridad ha sido sancionada, lo que evidencia el desdén oficial ante la justicia.
Código DH advirtió que la falta de protocolos claros y de supervisión en los alcoholímetros permite que se repitan abusos policiales bajo el argumento del “control vehicular”. Recalcó que estos operativos deben limitarse a proteger a los ciudadanos, sin uso excesivo de la fuerza ni armas de fuego, tratándose de una falta administrativa.
La organización exigió al gobierno estatal y a las fiscalías competentes esclarecer el crimen y sancionar penalmente a los policías y servidores públicos a los que les resulta responsabilidad. Denunció que la inacción institucional perpetúa la impunidad y envía un mensaje alarmante: que en Oaxaca, los ciudadanos pueden ser asesinados por quienes deberían protegerlas, sin que nadie rinda cuentas.
Foto de portada: Estado20
