
Fiscalía Anticorrupción detiene a Irineo Molina, exalcalde de Tuxtepec, por desvíos de más de 23 millones
Elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca detuvieron esta mañana a Irineo Molina Espinoza, expresidente municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, por un desfalco superior a 23 millones de pesos.
La captura cumplió una orden de aprehensión emitida el 27 de octubre por la jueza María Antonia Esteva Domínguez, del Circuito Judicial de la Cañada, dentro de la causa penal 496/2026.
Molina gobernó Tuxtepec de 2022 a 2024 por Morena y enfrenta el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por contratos irregulares de obra pública de finales de 2022.
Autorizó dos contratos por invitación restringida a Deeleg Automation & Industrial Service: uno de 13.1 millones el 28 de octubre y otro de 10 millones el 1 de noviembre de ese año.
El municipio realizó siete pagos ilegales a esa empresa que sumaron exactamente 23 millones 39 mil 533 pesos con 97 centavos, en claro perjuicio del erario municipal.
La denuncia la presentó José Luis Hernández Díaz, director de Investigación Administrativa Municipal de la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Los hechos violan el Presupuesto de Egresos 2022 y la Ley de Obras Públicas estatal; los recursos no se convirtieron en infraestructura verificable para la población de Tuxtepec.
La detención ocurre días después de que Molina abandonara Morena y se afiliara a Movimiento Ciudadano, donde fue nombrado delegado y anunció su intención de contender de nuevo por la alcaldía.
Mientras militó en Morena y presidió la JUCOPO en la LXIII Legislatura, estas acusaciones y la orden judicial no se activaron; el caso resurgió al cambiar de camiseta.
El expediente no acredita aún su responsabilidad penal. Molina fue puesto a disposición judicial y conserva la presunción de inocencia mientras se formaliza la imputación.
Su administración también arrastra observaciones millonarias de auditorías estatales y de la ASF por recursos sin aclarar en los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024.
El caso muestra cómo el combate a la corrupción en Oaxaca parece activarse con mayor rigor cuando los políticos abandonan las filas del partido en el poder.

