POLÍTICA EXPRÉS | Juchitán no fue sorpresa: ¿qué sabía el Estado y por qué esperó?
La detención del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, el 23 de septiembre, por presunta extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, no debería leerse como triunfo. Porque es, ante todo, el síntoma de una institución municipal que durante meses operó bajo sospecha sin que ninguna autoridad interviniera.
Los datos describen un municipio desbordado. La Fiscalía reconoce 957 homicidios dolosos en el Istmo durante cuatro años, de los cuales estima que cerca del 70 por ciento se relaciona con Los Cromos, brazo operativo del CJNG. Juchitán figura entre los cinco municipios con más homicidios de todo el país.
Los Cromos no se limitan a Juchitán. Según la Fiscalía, operan en Tehuantepec, Salina Cruz, Ixtepec, Espinal, Magdalena Tequisistlán y Unión Hidalgo, con narcomenudeo, cobro de piso, secuestro y homicidios. Se ha señalado que su expansión coincidió con las obras del Corredor Interoceánico, donde circulan cuantiosos recursos públicos y privados.
Lo grave no es solo la presencia criminal, sino su penetración institucional. La Fiscalía informó que Marina y Ejército recuperaron sistemas de videovigilancia infiltrados en Huatulco, Juchitán y Pinotepa, y que 40 policías municipales fueron cesados por no aprobar control de confianza. Un Estado vigilado por criminales difícilmente puede proteger.
El discurso oficial merece contraste. El 28 de julio, el Gabinete de Seguridad calificó la violencia como reacción desesperada ante golpes históricos y presumió casi 200 detenidos prioritarios. Dos meses después, el alcalde estaba preso por presuntos nexos criminales. O la inteligencia (Fiscalía, Secretaria de Gobierno) llegó tarde, o el diagnóstico omitió lo esencial.
El Plan Juchitán, presentado en abril con recorridos preventivos y programas para jóvenes, no mostraba resultados visibles, según reportes periodísticos: los asesinatos continuaron. Es la falla habitual de la política de seguridad oaxaqueña: anunciar planes integrales, medir con boletines y no con víctimas. La evaluación con indicadores verificables sigue pendiente.
La corrupción completa el cuadro. Emilio Montero renunció al IEEPO en medio de señalamientos por aviadores, y reportes locales ubican en la nómina educativa a familiares y colaboradores del alcalde detenido. Falta que la autoridad acredite cada caso; los indicios apuntan a plazas destinadas a educar usadas como botín político.
El silencio de la Sección 22 resulta revelador. Mientras numerosas escuelas operan con carencias de personal, el sindicato guarda distancia frente al presunto tráfico de plazas. El PT pidió a la Auditoría Superior de la Federación revisar 123 mil 700 millones de pesos del FONE. La revisión debe ser exhaustiva.
Conviene, además, desconfiar de las cifras espectaculares. Se habla de once cárteles en 142 municipios, mientras la Fiscalía identifica siete grupos en el Istmo, ninguno hegemónico. Sin metodología pública, ambos números dicen poco. Oaxaca necesita un mapa criminal transparente, con fuentes, definiciones y actualizaciones, no simples titulares.
La detención de Quetu es un comienzo, no una solución. Para que sea algo más que un golpe mediático, Oaxaca requiere procesos judiciales sólidos, depuración de policías, auditoría de la nómina educativa y explicaciones políticas. Persiste la pregunta central: ¿quién sabía y por qué esperó? Sin respuestas, la impunidad prevalece.
