Vinculan a proceso al alcalde de Salina Cruz, Oaxaca, Daniel Méndez Sosa, por presunta discriminación contra excandidata a la presidencia municipal
El alcalde petista de Salina Cruz, Daniel Méndez Sosa, habría sido vinculado a proceso por un juez de control de Tanivet, Tlacolula de Matamoros, por presunta discriminación y violencia política en razón de género.
La resolución deriva de una denuncia presentada por Yesenia Nolasco Ramírez, ex candidata a la presidencia municipal por Morenay actual titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), quien denunció señaló al edil por delitos presuntamente discriminatorios.
Los hechos denunciados habrían ocurrido durante el pasado proceso electoral para definir en las urnas a quien sería el o la próxima titular de la Presidencia Municipal de Salina Cruz.
Nolasco Ramírez y Méndez Sosa participaron en esa contienda, tanto en las interna de Morena como en la elecciones municipal constitucional celebradas en aquel municipio.
De acuerdo con la denuncia, el entonces aspirante habría utilizado medios de comunicación para realizar expresiones que presuntamente discriminaron a Nolasco Ramírez.
Entre los señalamientos figura el uso de referencias relacionadas con su identidad como “tehuana”, “advenediza” y otros calificativos presuntamente con intención de desacreditarla.
La audiencia judicial inició alrededor de las nueve de la mañana de este domingo y concluyó aproximadamente a las cinco de la tarde.
Méndez Sosa participó mediante videoconferencia desde Salina Cruz, mientras la audiencia se desarrolló ante un juzgado de control ubicado en Tanivet, Tlacolula.
Como parte de las determinaciones judiciales, el alcalde deberá acudir mensualmente a firmar, de acuerdo con las medidas cautelares impuestas.
La vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria, pues durante las siguientes etapas deberán desahogarse las pruebas y determinarse responsabilidades.
El delito de discriminación contempla conductas que vulneran la dignidad o derechos de las personas por diversas condiciones protegidas jurídicamente.
Si posteriormente se acreditaran responsabilidades, el caso podría generar consecuencias adicionales en materia electoral, conforme a las determinaciones de las autoridades competentes.
