En informe al Congreso, Trump urge al gobierno de Sheinbaum detener y enjuiciar a funcionarios y políticos que ayudan a cárteles
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió al gobierno de México a exponer, detener y enjuiciar a funcionarios públicos que han ayudado a los cárteles, en la Determinación presidencial sobre países de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027, enviada al Congreso.
El documento, difundido este 16 de septiembre, reconoce avances de la administración de Claudia Sheinbaum: mayores decomisos de drogas, desmantelamiento de laboratorios clandestinos y despliegue adicional de fuerzas policiales y militares en la frontera común. También destaca la cooperación bilateral.
Trump atribuyó a esa colaboración la eliminación de jefes de cárteles notorios, entre ellos Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, abatido en febrero de 2026 durante un operativo de fuerzas mexicanas. El texto mantiene a México en la lista de principales países de tránsito y producción.
Pese al reconocimiento, el mandatario estadounidense afirmó que México debe adoptar medidas adicionales contra las “organizaciones narcoterroristas” que, según Washington, dominan vastas zonas del territorio y siguen amenazando a la población de Estados Unidos. Pedió más inspecciones en puertos de entrada.
El informe sostiene que las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad son insuficientes para sostener y ampliar las campañas contra esos grupos, sus finanzas y sus redes criminales. Exigió mayor participación del sector privado para blindar las cadenas de suministro.
En el apartado central sobre corrupción, Trump escribió que México debe “exponer, detener y procesar a los numerosos funcionarios públicos y políticos corruptos que han ayudado y encubierto a los cárteles, traicionando así la seguridad y la soberanía de su propio país”. El texto no menciona nombres.
La exigencia se suma a acusaciones previas del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En abril de 2026, fiscales estadounidenses imputaron a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
México ha rechazado en el pasado que esas imputaciones incluyan elementos de prueba suficientes para extradiciones. El gobierno de Sheinbaum ha insistido en que combate al crimen organizado se realiza con respeto a la soberanía y sin ceder a presiones unilaterales de Washington.
El documento llega en un contexto de endurecimiento de la política antidrogas de Trump, que designó a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y ha impulsado el uso de leyes antiterroristas contra presuntos cómplices en el gobierno.
Medios mexicanos y cuentas en redes sociales difundieron de inmediato el extracto del informe sobre la urgencia de detener a funcionarios coludidos. Hasta la tarde de este miércoles no se había registrado una respuesta pública puntual de Palacio Nacional a la exigencia de Trump.
Analistas recuerdan que este tipo de determinación presidencial no es una acusación judicial, sino un reporte que el Ejecutivo estadounidense entrega al Congreso para orientar la política de certificación y cooperación internacional en materia de drogas. Los señalamientos sobre corrupción en México son valoraciones de la Casa Blanca.
La relación bilateral en seguridad sigue marcada por decomisos crecientes, extradiciones y, al mismo tiempo, por fricciones sobre soberanía, operaciones encubiertas y el alcance de las acusaciones contra servidores públicos mexicanos. El informe de 2027 deja esa tensión por escrito ante el Congreso de Estados Unidos.
