El INE pide a la FGR suspender cuentas de redes sociales de la abogada Mónica Calles por crítica fundamentada al instituto
Un escrito judicial pide a la Fiscalía General de la República tramitar la suspensión las cuentas de Mónica Calles en X, Facebook, YouTube y TikTok. La medida se presenta como apremio para detener una supuesta “campaña de odio”.
La abogada documentó irregularidades y acoso laboral en el INE, incluyendo una diligencia de diez horas. Publicó videos de funcionarios que, según ella, vulneraron derechos de trabajadores. Esa exposición detonó la reacción penal.
Calles sostiene que su único “delito” fue difundir material legítimo sobre servidores públicos. La Fiscalía actuó en días, contrastando con carpetas de alto perfil que avanzan en meses o años. El mensaje institucional es incomodar a la abogada a toda costa.
El INE negó haber presentado denuncia institucional. Distinguió acciones personales de la postura del órgano. En la práctica, la petición de cierre de cuentas apunta al mismo efecto: acallar la crítica por irregularidades del instituto.
Pedir la suspensión de perfiles en redes sociales no es un trámite técnico menor, sino intentar apagar la voz de quien exhibe conflictos de interés y hostigamiento dentro de la autoridad electoral. La libertad de expresión no admite ese recorte.
Las redes de Calles no son un megáfono de insultos gratuitos. Son el canal donde una litigante electoral pone a la vista lo que el instituto prefiere manejar en reserva. Censurar debilita el debate público.
De acuerdo con medios y periodísticas mexicanos, un país donde el INE debe garantizar condiciones equitativas, usar la Fiscalía para silenciar a una crítica fundamentada es un precedente grave. Quien organiza elecciones no puede pedir que se apague a quien las cuestiona.
El 15 de septiembre, fecha de conmemoración cívica, el documento circula pidiendo bajar publicaciones y suspender perfiles. La coincidencia no es un hecho menor: se demanda silenciar a una ciudadana cuando el discurso oficial celebra la independencia.
Calles ha defendido a trabajadores presionados a renunciar y ha auditado el uso faccioso de la violencia política de género. Esa labor molesta. Por eso aparece ahora como “denunciada” y se pide cortarle las plataformas.
De acuerdo con periodistas en las redes sociales, la democracia no se fortalece cerrando cuentas. Se fortalece investigando los hechos, no amordazando a quien los denuncia y documenta. La FGR no debe convertirse en oficina de contención de la crítica al INE, señalan.
“Si la crítica está fundamentada en videos, audiencias y expedientes, la respuesta no puede ser el apagón digital. Eso no es protección de víctimas; es protección de la opacidad institucional”, advierten.
Refieren que la sociedad debe exigir que el INE rinda cuentas sin perseguir a quien las pide. Dejar sin voz a Mónica Calles no resuelve irregularidades, sino las esconde. “La libertad de expresión no se debe ni se puede callar por molestar al poder”, denuncian en sus cuentas de redes sociales.
