ASAEO extendió presunta red criminal a ayuntamientos del Valle de Oaxaca; detención de líderes abre nuevas investigaciones
La detención de nueve integrantes de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) abrió una nueva línea de investigación sobre la presunta penetración de esa estructura en gobiernos municipales, transporte y comercio, mientras denuncias públicas señalan posibles vínculos con autoridades de Oaxaca de Juárez y municipios conurbados.
El 27 de agosto, más de 300 elementos federales y estatales realizaron 21 cateos simultáneos y detuvieron a nueve personas identificadas por la Fiscalía General del Estado como objetivos prioritarios. Entre ellos figura Sharon Italia Curiel Hernández, “La Italia”, dirigente de ASAEO, y una regidora de San Antonio de la Cal. Están prófugos El Oaxaco, El Cuqui y La Contadora, integrantes de la cúpula de esa organización.
La Fiscalía atribuye presuntamente a la estructura delitos de alto impacto como extorsión, cobro de piso, sicariato y homicidio doloso, además de despojo y narcomenudeo. Las investigaciones buscan determinar responsabilidades individuales y llevar a los imputados ante la autoridad judicial, por lo que jurídicamente mantienen su presunción de inocencia.
El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla sostuvo posteriormente que ASAEO habría operado como fachada para una estructura criminal vinculada con el llamado Cártel de la Costa y organizaciones relacionadas con Sinaloa y Beltrán Leyva, con capacidad de operación presunta en alrededor de 80 municipios, principalmente de los Valles Centrales.
La dimensión territorial del caso coloca ahora bajo escrutinio a municipios como Santa Lucía del Camino, Santa Cruz Xoxocotlán, Villa de Zaachila, San Antonio de la Cal y Jalpan, donde denuncias difundidas públicamente advierten sobre una presunta expansión de operadores vinculados con ASAEO y actividades relacionadas con transporte, comercio, narcomenudeo, extorsión y cobro de piso.
En Santa Lucía del Camino, transportistas denunciaron recientemente que operadores identificados con ASAEO estarían exigiendo cuotas semanales y amenazando a quienes se nieguen a pagar. Los señalamientos contrastan con la imagen pública que la organización proyectó meses atrás, cuando taxistas, piperos y mototaxistas anunciaron su incorporación al grupo.
De acuerdo con las denuncias difundidas este miércoles, durante abril de 2026 alrededor de 45 pipas, además de taxistas y mototaxistas, se sumaron a ASAEO en Santa Lucía. Los trabajadores sostienen que inicialmente la organización ofrecía respaldo legal y gestiones administrativas, pero posteriormente algunos operadores habrían comenzado a exigir pagos bajo amenazas.
Los denunciantes también han señalado públicamente al alcalde Juan Carlos García Márquez y a la diputada local Daniela Taurino por su presencia en actos donde participaron dirigentes identificados con ASAEO. Hasta ahora, la Fiscalía no tiene evidencia pública suficiente para afirmar que ambos funcionarios hayan participado en actividades delictivas.
Otro señalamiento apunta a una presunta infiltración dentro de administraciones municipales mediante personas que habrían sido incorporadas a nóminas como supuestos trabajadores, incluso bajo la figura coloquial de “aviadores”. Estas versiones requieren investigación documental, revisión de nóminas y comprobación de funciones para establecer si existió realmente una operación de penetración institucional.
También circulan acusaciones sobre reuniones atribuidas a Noé Jara con presidentes municipales para presuntamente negociar espacios de influencia y expansión territorial para la ASAEO. Sin embargo, la existencia de esos acuerdos y su eventual propósito delictivo no ha sido acreditada por una autoridad ministerial.
Fotografías y otros registros de encuentros entre actores políticos y representantes vinculados públicamente con ASAEO han incrementado las preguntas sobre la relación entre organizaciones gremiales, gobiernos municipales y estructuras de poder. La detención de “El Panda” y otros dirigentes obliga ahora a esclarecer si esas relaciones fueron políticas, administrativas o parte de una estructura criminal bajo el mando de El Bogar.
El caso ya no se limita a una organización sindical señalada por delitos: plantea la necesidad de revisar contratos, permisos, nóminas, concesiones, padrones y posibles cobros a comerciantes y transportistas en municipios donde ASAEO tiene presencia. La investigación deberá determinar hasta dónde llegó la presunta infiltración y si existieron alcaldes o funcionarios estatales y municipales que facilitaron sus operaciones ilícitas.
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