SCJN evaluará atracción de amparo contra cobros en supercarretera Barranca Larga–Ventanilla, una promesa incumplida de AMLO
Litigio Estratégico Indígena busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el amparo contra el cobro de peaje en la autopista Barranca Larga–Ventanilla. La organización pretende que el máximo tribunal determine si las promesas oficiales generan obligaciones jurídicas vinculantes para el Estado mexicano.
El origen del conflicto se remonta al 4 de febrero de 2024, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador anunció públicamente la gratuidad de la vía para los oaxaqueños. Dicha medida también quedó registrada en publicaciones institucionales, generando expectativas legítimas entre la población usuaria de la región.
El Juzgado Quinto de Distrito negó el amparo el 24 de junio, motivando la interposición de un recurso de revisión. La defensa jurídica sostiene que el asunto posee excepcional interés y trascendencia constitucional para fijar precedentes sólidos sobre la responsabilidad institucional ante declaraciones presidenciales formales.
La discusión adquiere relevancia económica debido al incremento tarifario aplicado desde el 13 de abril de 2025. Actualmente, recorrer los 104 kilómetros de la infraestructura vial implica un pago acumulado de cuatrocientos noventa pesos, afectando directamente la economía de los habitantes locales.
El análisis de la Corte definiría los alcances del principio de confianza legítima y la seguridad jurídica frente a políticas públicas modificadas. Los tribunales constitucionales deben esclarecer si las autoridades pueden revocar beneficios anunciados oficialmente sin asumir consecuencias legales directas hacia la ciudadanía afectada.
La resolución definitiva trascenderá el caso particular oaxaqueño, estableciendo criterios obligatorios sobre la palabra empeñada por el poder público. Esta ruta judicial determinará finalmente si los compromisos gubernamentales anunciados en ceremonias oficiales constituyen derechos exigibles o simples expresiones políticas sin efectos vinculantes.
