Fiscalía de Oaxaca identifica a El Bogar, líder del Cártel de la Costa, como el operador de la ASAEO para cobrar piso y extender su dominio a 80 municipios
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) sostuvo que la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) habría funcionado como fachada para una estructura criminal vinculada al Cártel de Sinaloa, con presencia y capacidad operativa en al menos 80 municipios, particularmente en los Valles Centrales.
El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla afirmó este lunes es, en conferencia de prensa, que los dirigentes detenidos de la ASAEO están relacionados con el llamado Cártel de la Costa, encabezado por Bogar Soto Rodríguez, también identificado como Ricardo Estévez Colmenares, alias “El Bogar”, a quien autoridades ubican dentro de una estructura vinculada con Sinaloa y Beltrán Leyva.
Según la Fiscalía, bajo el membrete de la organización gremial se habría construido una red para controlar actividades económicas y territoriales mediante cobros ilegales, extorsiones y derecho de piso, particularmente contra transportistas, comerciantes, vendedores ambulantes y otros sectores de la economía informal.
La declaración oficial coloca a los Valles Centrales como uno de los principales escenarios de expansión de esta estructura. Una versión difundida durante la conferencia señaló que el llamado “disfraz sindical” tenía actuación en 19 municipios de los Valles Centrales, mientras el fiscal habló que su presencia ya abarcaba los 80 municipios del estado.
El señalamiento ocurre cuatro días después del despliegue de fuerzas estatales y federales contra la dirigencia de la ASAEO. Durante la madrugada del jueves fueron ejecutados 21 cateos simultáneos en Pueblo Nuevo, Viguera, San Pablo Etla, Xoxocotlán, San Antonio de la Cal y Santa Lucía del Camino.
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Policía Estatal y Fiscalía estatal. Los informes oficiales señalaron la participación de más de 300 elementos policiales.
Nueve personas fueron detenidas, entre ellas Sharon Italia Curiel Hernández, “La Italia”, identificada como secretaria general de la ASAEO; Érika Suliana Muñoz, regidora de San Antonio de la Cal, además de Heraclio, Julián Cruz, “El Gordo”, Óscar Aramis, “El Cangrejo”, Érick Martínez, “El Panda”, José Antonio García, Hugo Alberto Gómez y Óscar Alberto González.
Durante los cateos fueron aseguradas armas largas y cortas, cargadores y cartuchos. La Fiscalía investiga a los detenidos por presuntos delitos de extorsión, cobro de piso, despojo y narcomenudeo, incluyendo en sus líneas de investigación vínculos con sicariato y homicidios dolosos.
Rodríguez Alamilla también relacionó a esta estructura con investigaciones sobre ataques y asesinatos de dirigentes sindicales rivales, entre ellos Marco Sánchez, del CIT, en 2024; Caleb Rodríguez Ortega, de la CTM, en 2025, e Iván Tomás Luis Villaseca, en 2026. Las responsabilidades individuales continúan bajo investigación.
La Fiscalía sostiene que la red encabezada por “El Bogar” ya había sufrido golpes importantes en los Valles Centrales con las detenciones de “El Miky” y “El Contador”. “El Miky”, señalado como segundo al mando, fue detenido el 30 de julio en Ejutla de Crespo y relacionado con un corredor criminal regional.
Las autoridades ubican a “El Bogar” como dirigente del llamado Cártel de la Costa, con operaciones históricas en Huatulco, Pochutla, Puerto Escondido y Río Grande, aunque la investigación estatal apunta ahora hacia una expansión de esa estructura criminal desde la Costa hacia municipios de los Valles Centrales.
La dimensión política del caso aumenta porque la ASAEO se presentaba públicamente como una alianza de sindicatos y asociaciones vinculadas con transporte, comercio ambulante, materialistas y otros sectores aliados de Morena y Noé Jara. Durante meses surgieron denuncias sobre cuotas y presiones contra taxistas, motociclistas, piperos, locatarios y repartidores.
Sin embargo, la Fiscalía deberá demostrar ante los tribunales que esa estructura gremial operaba como instrumento del crimen organizado y que los detenidos participaron individualmente en los delitos investigados. También deberá acreditar el alcance territorial de la presunta red y establecer responsabilidades de cualquier servidor público o político involucrado.
La investigación plantea así un escenario de posible captura criminal de actividades económicas y espacios territoriales mediante una organización presentada como gremial. Si las acusaciones se acreditan judicialmente, el caso revelaría una alianza entre estructuras delictivas y una fachada sindical con capacidad para recaudar extorsiones y disputar control territorial en Oaxaca.
