Oaxaca: #Chagoya se lava las manos por “El Duck” y reduce a asunto personal la captura de su síndico por robo de vehículos
El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Raymundo Chagoya Villanueva, reaccionó ante la detención de su síndico segundo, Ricardo Ramírez Pérez, alias “El Duck”, con una estrategia política de deslinde: reducir a un asunto personal la acusación de la Fiscalía de Oaxaca contra uno de los integrantes de su propio cabildo.
Ramírez Pérez fue detenido el 26 de agosto en Ciudad Judicial, mediante un operativo de la Fiscalía General del Estado, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y Policía Estatal. La autoridad lo señala por probable participación en una red dedicada al robo, alteración de números de serie y venta de vehículos robados.
La gravedad del caso contrasta con la ligereza de la respuesta del alcalde. Chagoya afirmó que “al parecer” se trata de actuaciones personales y sostuvo que “no tiene nada que ver con el Municipio de Oaxaca de Juárez”, como si la detención involucrara a un particular sin responsabilidades dentro de su gobierno.
Pero Ramírez Pérez no era un ciudadano cualquiera. Era síndico segundo, integrante del cabildo 2025-2027 y funcionario con atribuciones de representación y procuración jurídica del Ayuntamiento. Además, Chagoya lo metió a la planilla que llevó a a la presidencia municipal, circunstancia que vuelve políticamente incómodo el intento de presentar el caso como ajeno a su ámbito.
El alcalde incluso aseguró que los funcionarios y funcionarias de su administración se conducen con “total rectitud” en su actuación pública. La afirmación plantea un problema político evidente: si uno de sus síndicos es detenido y acusado de integrar una presunta estructura criminal, ¿qué mecanismos de control, evaluación o revisión existen para garantizar esa supuesta rectitud?
Chagoya respondió que el municipio no se dedica a investigar qué hace cada funcionario con su vida personal. El argumento, sin embargo, parece insuficiente cuando se trata de servidores públicos que ejercen poder, manejan información, representan jurídicamente al Ayuntamiento y ocupan posiciones estratégicas dentro de la estructura gubernamental.
Más aún, el presidente municipal rechazó que la captura constituya una alerta para revisar a otros integrantes del cabildo o del gabinete. Prefirió confiar públicamente en su equipo y trasladar cualquier responsabilidad a las instituciones investigadoras, en lugar de anunciar una revisión interna que despejara dudas sobre posibles vínculos o conflictos de interés.
Y la contradicción: Chagoya garantiza la “rectitud” de sus funcionarios, pero simultáneamente sostiene que el Ayuntamiento no tiene por qué conocer qué hacen fuera de sus oficinas. Entre ambas afirmaciones queda un vacío de responsabilidad política que ninguna declaración sobre presunción de inocencia puede resolver.
El alcalde tampoco anunció una separación inmediata del cargo ni un relevo formal de su síndico. Se limitó a señalar que las funciones jurídicas serán redistribuidas y que el cabildo deberá “trabajar el doble”. Así, mientras la Fiscalía lleva a Ramírez Pérez ante un juez, Chagoya opta por administrar políticamente las consecuencias.
Si bien la presunción de inocencia debe respetarse y corresponde exclusivamente a los tribunales determinar la responsabilidad penal de Ramírez Pérez, el juicio político es distinto: Chagoya deberá explicar por qué uno de sus colaboradores más relevantes integrante de su planilla enfrenta acusaciones tan graves y por qué su primera respuesta institucional consiste, esencialmente, en lavarse las manos y llamarlo “tema personal”.
