Patrullas clonadas y falsos policías transforman asaltos en la Cuacnopalan-Oaxaca y elevan el riesgo para conductores
Más que desaparecer, el asalto a mano armada en la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca está cambiando de rostro. Ahora los delincuentes recurren a una modalidad particularmente peligrosa: se disfrazan de policías, utilizan patrullas clonadas y detienen a conductores bajo el pretexto de revisiones oficiales, para después extorsionarlos o despojarlos de sus pertenencias, dinero y mercancías.
La carretera 135-D, de 243 kilómetros entre Puebla y Oaxaca, es una arteria para el transporte de carga, pasajeros y turismo regional hacia el sureste. Sin embargo, sus tramos se han convertido en escenarios frecuentes de robos violentos, secuestros, asesinatos y despojo de unidades, particularmente en la zona limítrofe federal.
Durante 2025, la dimensión del problema quedó reflejada en los registros oficiales. Entre enero y octubre fueron denunciados al menos 98 robos a transportistas en Oaxaca. La estadística pasó de cinco casos en enero a 20 en octubre, mientras transportistas llegaron a reportar hasta tres asaltos diarios antes de septiembre.
El llamado triángulo rojo, integrado por zonas de Cuacnopalan, Tehuacán y Nochixtlán, concentró gran parte de las denuncias. La violencia alcanzó niveles extremos: al menos dos operadores murieron durante los atracos reportados ese mismo año, mientras otros conductores enfrentaron secuestros, amenazas, robo de mercancías y despojo de sus camiones con carga completa.
Entre los casos conocidos destaca el asesinato, en julio de 2025, de un conductor de tractocamión que transportaba hidrocarburo, a la altura del kilómetro 17+990. También fueron denunciados asaltos contra familias, atracos en casetas de cobro y robos de unidades mediante inhibidores de señal, utilizados para impedir sus rastreos satelitales.
Ante la presión de transportistas, el gobierno puso en marcha el Operativo Escalón desde el 15 de septiembre de 2025. Policías estatales y municipales comenzaron a escoltar convoyes nocturnos durante 84 kilómetros, desde la caseta de Miahuatlán. Dirigentes transportistas aseguraron que, bajo esa cobertura, los asaltos desaparecieron durante ese periodo.
Pero el dato positivo tiene un límite evidente: el operativo cubre horarios y trayectos específicos, mientras la responsabilidad principal de la vigilancia carretera corresponde a corporaciones federales. La Guardia Nacional no se incorporó al esquema Escalón, una ausencia que alimentó el reclamo de empresarios por protección permanente y preventiva.
Para 2026, el gobierno de Oaxaca sostiene que no existe un solo robo al transporte de carga en las autopistas estatales. El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, afirmó que los asaltos son prácticamente nulos y que la entidad figura entre las de menor incidencia nacional en este delito.
El discurso oficial, sin embargo, contrasta con las denuncias de transportistas, protestas y registros audiovisuales. En junio, integrantes de AMOTAC bloquearon parcialmente la autopista para exigir seguridad y denunciaron asaltos, incluidos ataques contra unidades que trasladaban maíz. Para los operadores, la amenaza simplemente cambió de territorio, horario o modalidad constante.
El cambio más inquietante apareció este mes de agosto: sujetos encapuchados comenzaron a utilizar camionetas rotuladas como Policía Federal Ministerial, algunas sin placas, para detener vehículos. Las imágenes difundidas muestran unidades presuntamente oficiales y hombres cubiertos del rostro, una combinación diseñada para generar confianza, intimidar al conductor y facilitar el asalto.
La utilización de patrullas clonadas eleva el riesgo porque convierte la autoridad en una herramienta del delito. Un conductor que observa una unidad con logotipos oficiales puede detenerse por obligación o por temor. La delincuencia aprovecha entonces el uniforme y la apariencia institucional para ejecutar revisiones falsas, extorsiones o robos.
Los episodios recientes confirman que el problema continúa. En primeros días de agosto, un operador de tráiler logró frustrar un ataque en el kilómetro 98+200 al embestir el vehículo utilizado por los agresores. En abril, un asalto fue captado en video de día. La alerta volvió a circular entre transportistas.
El contraste entre las cifras oficiales y las experiencias de los usuarios obliga a mirar más allá de los informes. Que no existan denuncias formales no significa necesariamente que no haya delitos. El temor, la falta de respuesta inmediata, la pérdida de tiempo y la desconfianza institucional desalientan los reportes.
La supercarretera también arrastra problemas de infraestructura y una accidentalidad altísima, incluidos choques múltiples con víctimas mortales. Esa combinación convierte cada detención irregular en un riesgo mayor. Si una vía estratégica genera ingresos millonarios por peaje, la seguridad de quienes la utilizan no puede depender de convoyes ocasionales ni respuestas tardías.
El desafío para las autoridades federales y de los estados de Oaxaca y Puebla ya no consiste en aumentar patrullajes, sino en impedir que los criminales usurpen símbolos y vehículos institucionales. La Guardia Nacional, corporaciones estatales y autoridades deben coordinar vigilancia, identificación de unidades y reacción inmediata. Los conductores enfrentan una amenaza seria: ya no saben quién los detiene.
