
Tribunal Colegiado ampara a otro involucrado en desaparición de activista Claudia Uruchurtu; familia acusa impunidad total
La familia de la activista Claudia Uruchurtu Cruz manifestó su absoluto rechazo a la nueva resolución emitida por un tribunal colegiado local. Acusan formalmente que se incumplen los criterios obligatorios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar adecuadamente este grave caso de desaparición forzada.
El tribunal otorgó un amparo a favor de Jhoan Ricardo Matus Marcial, uno de los principales sentenciados por el delito. Esto ocurre a pesar de que el máximo tribunal había revocado una sentencia previa, ordenando realizar un análisis reforzado y congruente con la gravedad institucional de este ilícito penal federal.
En febrero de este año, la Suprema Corte determinó que la desaparición forzada no puede juzgarse como un proceso penal común. Exigió valorar las pruebas de forma integral, incorporando el contexto histórico y considerando las características específicas cuando la víctima es una valiosa mujer defensora de derechos humanos.
Los familiares sostienen que dichos lineamientos constitucionales no fueron aplicados de manera efectiva por los magistrados federales. Señalan que el tribunal llegó prácticamente a la misma conclusión previa, manteniendo un análisis fragmentado de los indicios y reduciendo el estudio judicial a los estándares ordinarios que ya fueron fuertemente cuestionados.
Asimismo, advirtieron que esta determinación debilita la protección judicial para las víctimas y pone en duda la obligatoriedad de las sentencias supremas. Aclararon firmemente que no buscan excepciones al debido proceso, sino el cumplimiento estricto de los estándares internacionales y constitucionales fijados por el máximo tribunal de justicia en México.
Claudia Uruchurtu desapareció el 26 de marzo de 2021 en Asunción Nochixtlán, tras participar en una protesta contra actos de corrupción municipal. Su caso fue tipificado formalmente como desaparición forzada y, hasta el día de hoy, su paradero exacto continúa siendo completamente desconocido para sus seres queridos.
La familia reiteró que agotará exhaustivamente todos los recursos legales disponibles para exigir justicia plena y castigo. Buscarán obligar el cumplimiento cabal de la sentencia de la Suprema Corte para garantizar los derechos fundamentales a la verdad, la justicia efectiva y una debida reparación integral del daño.

