POLÍTICA EXPRÉS | * La omisión también mata; proteger periodistas no es una opción, es una obligación legal
El asesinato del periodista oaxaqueño Alejandro Leyva Aguilar no puede reducirse a una estadística más de violencia contra la prensa. La revelación de que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó en cinco ocasiones medidas de protección a la Fiscalía General del Estado y en tres al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin obtener una respuesta efectiva, exhibe un fracaso institucional que exige consecuencias legales.
Cuando un periodista denuncia amenazas de muerte, el Estado deja de tener margen para la indiferencia. La ley obliga a las autoridades a evaluar el riesgo, dictar medidas cautelares y actuar con la urgencia que exige la protección de la vida. No hacerlo constituye mucho más que una deficiencia administrativa; representa un incumplimiento del deber público con consecuencias irreparables cuando la amenaza termina consumándose.
Resulta especialmente grave que, mientras las autoridades ahora intercambian responsabilidades y explicaciones, un periodista perdió la vida después de advertir que estaba en peligro. La burocracia, los trámites interminables y la indiferencia institucional se convirtieron en aliados involuntarios de quienes decidieron silenciar una voz crítica mediante las armas. La inacción oficial terminó produciendo exactamente aquello que las instituciones estaban obligadas a impedir.
El Fiscal General del Estado de Oaxaca debe explicar por qué ignoró cinco solicitudes formales de protección. No basta con afirmar que posteriormente declinó la competencia a la Fiscalía General de la República. La responsabilidad administrativa y, en su caso, penal, debe analizarse desde el momento en que conoció la existencia de un riesgo real y decidió no actuar con la diligencia exigida por la ley.
Igualmente preocupante resulta el desempeño del Mecanismo Federal de Protección. Su existencia responde precisamente a escenarios como el que enfrentaba Alejandro Leyva Aguilar. Si recibió la solicitud correspondiente y tampoco emitió una respuesta eficaz, deberá rendir cuentas sobre las razones de esa omisión. Un mecanismo que no protege cuando más se necesita pierde legitimidad y traiciona el propósito para el que fue creado.
La investigación no puede limitarse a identificar a los autores materiales e intelectuales del homicidio. También debe establecer si existieron servidores públicos cuya negligencia, omisión o incumplimiento de funciones contribuyeron a dejar al periodista en una situación de absoluta vulnerabilidad. Cuando la ley impone una obligación de proteger y esta se incumple deliberadamente o por negligencia, la responsabilidad institucional también debe investigarse.
Las sanciones administrativas son indispensables, pero podrían no ser suficientes. Si las investigaciones acreditan que funcionarios omitieron actuar pese a conocer el riesgo, corresponde determinar si esa conducta configura responsabilidades penales. La impunidad administrativa envía un mensaje devastador: que ignorar una solicitud de protección no tiene consecuencias, incluso cuando esa omisión termina precediendo a un asesinato.
Las instituciones públicas tampoco pueden permitir que las diferencias personales, los desencuentros políticos o la falta de afinidad con un periodista influyan en el cumplimiento de sus obligaciones. La protección de la vida no puede depender de simpatías, filias o fobias. El Estado debe garantizar los derechos de todos, incluso —y sobre todo— de quienes ejercen un periodismo incómodo para el poder.
Este caso obliga a revisar de manera integral los protocolos de protección para periodistas en Oaxaca y en el ámbito federal. No basta con crear mecanismos, abrir expedientes o intercambiar oficios. La eficacia de cualquier sistema se mide por su capacidad para prevenir agresiones, no por el volumen de documentos que produce después de que la tragedia ya ocurrió.
Alejandro Leyva Aguilar denunció amenazas y pidió protección. Las instituciones conocieron el riesgo. Las solicitudes existieron. Las respuestas eficaces no. Esa secuencia convierte el caso en algo más que un homicidio: revela un fracaso del Estado para cumplir su obligación más elemental. La memoria del periodista exige justicia, pero también responsabilidades concretas para quienes, pudiendo actuar, decidieron no hacerlo.
Foto: Edwin Hernández
